El Supremo reclama 647.000 euros por el caso mascarillas

El Tribunal Supremo requirió al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama que paguen, en el plazo de 15 días, los 647.000 euros a los que fueron condenados por el caso mascarillas en concepto de multas, decomisos e indemnizaciones. A través de un auto, la Sala de lo Penal abre así la fase ejecutoria de la sentencia dictada el pasado junio y que impuso 24 años de cárcel a Ábalos, 19 a Koldo y cuatro a Aldama, que se libró de entrar por su colaboración con la justicia.

Los magistrados que les juzgaron trasladan el requerimiento a los condenados del pago de multas, del decomiso de las cantidades provenientes del delito de cohecho y las indemnizaciones a las empresas públicas Ineco y Tragsatec. En concreto, el alto tribunal ordena a Ábalos el pago de multas por 52.500 euros, a su exasesor de 45.750 euros y al comisionista por 72.000 euros.

También son requeridos para proceder al pago del decomiso de las cantidades provenientes del delito de cohecho, indicando que la sentencia cifró los beneficios en 430.298 euros, “cantidad en la que se han beneficiado los tres condenados y del que Aldama era el encargado de repartirlo. Consecuentemente, la Sala considera procedente señalar una responsabilidad solidaria respecto a la condena objeto del comiso entre los condenados hasta cubrir la totalidad de las ganancias obtenidas por el grupo en los términos declarados en la sentencia”, explica.

Al respecto, el Supremo recuerda que la sentencia hizo el desglose de “340.000 euros -10.000 euros mensuales durante 34 meses por Aldama-, 82.295 euros -renta del alquiler de la vivienda sita en Plaza de España- y 8.000 euros -renta del alquiler del chalé en Marbella/Villa Parra-”, en alusión a los pagos periódicos que el empresario hizo al exministro y su exasesor, así como a la vivienda que se alquiló para la expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, en el centro de Madrid y a la que disfrutó él en Málaga.

Los magistrados requieren a Ábalos y Koldo a que indemnicen “conjunta y solidariamente” a Ineco y Tragsatec con 34.450 y 9.500,54 euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil. Se trata de las empresas en las que fue colocada Jéssica Rodríguez y de las que cobró sin trabajar. Para estos pagos, el alto tribunal otorga un plazo de dos semanas, tras el cual “se procederá por la vía de apremio en el caso de las multas y las indemnizaciones”. Así, encarga a la Oficina de Recuperación y Gestión de Archivos (ORGA) la gestión y realización de las cantidades decomisadas respecto de los tres condenados. Y acuerda practicar “las correspondientes liquidaciones de condena de las penas” de cárcel del exministro y su exasesor con la prevención del tiempo de cumplimiento máximo establecido en la sentencia: 16 años y medio para Ábalos y 15 para Koldo.