El Supremo estudia la lista de afectados por la “ley de nietos”

El Gobierno entregó al Tribunal Supremo el listado de los 163.355 nacionalizados españoles mediante la llamada “ley de nietos” que no podrían votar en las próximas elecciones generales si no acreditan que son descendientes de exiliados, tal y como solicitó el alto tribunal el pasado viernes. Así lo comunicaron fuentes del Ejecutivo, que añadieron que la entrega se produjo dentro del plazo otorgado por el Supremo, que venció a las 15:00 horas de ayer.

En total, el Ejecutivo facilitó la relación nominal de 163.355 personas. Las fuentes añadieron que la Abogacía del Estado ha solicitado al alto tribunal que, al incluir datos sensibles de carácter personal, declare el listado como reservado para evitar que las partes puedan hacer un uso malicioso o ilegítimo de esa información. También explicaron que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación coordinó la labor que realizaban los consulados para el trabajo de revisión de los procesos de nacionalización en las distintas oficinas consulares y autorizó la contratación de todas las asistencias técnicas solicitadas para culminar este trabajo en el plazo señalado.

Según relataron, el primer telegrama con instrucciones desde Justicia a las oficinas consulares para recabar la información se envió el pasado 15 de septiembre, tras recibir la notificación del auto por el que el Supremo suspendía cautelarmente la posibilidad de votar a los nacionalizados por la “ley de nietos”.

Además, señalaron que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes envió a la Oficina del Censo Electoral el pasado 15 de octubre el listado de 76.600 personas que constan en DICIREG (Registro Civil digital) como nacionalizadas de acuerdo con los supuestos de la Ley de Memoria Democrática, que es la única información que constaba en ese departamento.

Suspendido el voto

Las fuentes del Ejecutivo estimaron que “buena parte” de estas personas previsiblemente verán suspendido su derecho al voto tal y como solicitaron el partido político Vox y otras asociaciones “de extrema derecha”. Y remarcan que las personas incluidas en los listados vieron reconocida la nacionalidad española acogiéndose al procedimiento previsto en la Ley de Memoria Democrática, aprobada en el Congreso de los Diputados en 2022, y a la “ley de nietos”, la instrucción que clarificaba ese procedimiento y reconocía la presunción de exilio.

Se trata de requisitos y procedimientos “idénticos” a los establecidos tras la Ley de Memoria Histórica que se aprobó en 2007 que se aplicaron con “plena normalidad”, indicaron, al tiempo que subrayaron que se celebraron multitud de procesos electorales estando ésta en vigor. Además, el Gobierno calculo que si las más de 160.000 personas se encontrasen en el Censo de Españoles Residentes en el Exterior, el impacto potencial sería de menos de 14.000 votos a repartir entre 52 circunscripciones, lo cual supone menos del 0,06% de los votos en las pasadas elecciones generales de 2023, añadieron.