El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, 19 a Koldo y a 4 a Aldama por el 'caso mascarillas'

Suspende la entrada de Aldama en prisión por su colaboración y con la condición de que no delinca y haga un año de trabajos comunitarios

Publicado: 22 jun 2026 - 12:18 Actualizado: 22 jun 2026 - 18:14
El empresario Víctor Aldama, el exasesor Koldo García y el exministro José Luis Ábalos.
El empresario Víctor Aldama, el exasesor Koldo García y el exministro José Luis Ábalos. | Europa Press

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por su participación en una trama de corrupción vinculada a la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. La resolución también impone penas de 19 años y ocho meses de cárcel a su exasesor Koldo García y de cuatro años y medio al empresario Víctor de Aldama.

La sentencia, adoptada por unanimidad por la Sala de lo Penal tras un juicio que se prolongó durante 14 sesiones entre abril y mayo, concluye que los tres acusados formaron una organización criminal con reparto de funciones para obtener beneficios ilícitos mediante contratos públicos.

Contratos millonarios y pagos irregulares

Los magistrados consideran acreditadas las irregularidades en la adjudicación de contratos para la compra de 13 millones de mascarillas por parte de organismos dependientes del Ministerio de Transportes, entre ellos Puertos del Estado y Adif, a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama.

El fallo también da por probado que Ábalos recibió una asignación mensual de 10.000 euros para gastos fijos y que se favoreció la contratación en empresas públicas de dos mujeres relacionadas con el exministro, además de asumir gastos personales como el alquiler de una vivienda.

Asimismo, la sentencia recoge operaciones inmobiliarias entre Aldama y Ábalos, incluyendo contratos de arrendamiento con opción de compra de inmuebles en Madrid, Marbella y La Línea de la Concepción presuntamente vinculados a gestiones políticas y administrativas.

"Deterioro de la confianza ciudadana"

La resolución dedica parte de su argumentación a las consecuencias institucionales de los hechos juzgados. Los magistrados advierten de que el principal daño causado por estas conductas es el deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Según el tribunal, cuando quienes ocupan responsabilidades públicas utilizan su posición para obtener beneficios privados se produce una pérdida de legitimidad que afecta al conjunto del sistema político.

Diferencias en el cumplimiento de las penas

Aunque la condena impuesta a Ábalos asciende a más de 24 años, el tribunal fija un cumplimiento efectivo de 16 años de prisión, mientras que para Koldo García establece un máximo de 15 años.

En el caso de Aldama, los magistrados aprecian una atenuante de colaboración especialmente cualificada con la Justicia. Por ello, acuerdan suspender la ejecución de su pena de prisión siempre que no vuelva a delinquir, realice trabajos en beneficio de la comunidad durante un año y presente informes periódicos sobre su actividad.

Posiciones enfrentadas durante el juicio

Durante la vista oral, tanto Ábalos como Koldo García defendieron su inocencia y solicitaron la absolución. Por el contrario, Aldama reconoció su participación en varios de los delitos investigados, entre ellos los relacionados con cohecho, organización criminal y utilización de información privilegiada.

La sentencia supone uno de los fallos más relevantes en materia de corrupción política de los últimos años y sitúa el foco sobre la gestión de contratos públicos durante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia.

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