El Supremo anula el recurso presentado por García Ortiz

El Tribunal Supremo confirmó la tasación de costas procesales a pagar por el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz en 39.009,48 euros, la mitad de la primera cifra acordada (79.942,70 euros), como consecuencia de la sentencia en la que fue declarado culpable por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Así lo acordó la Sala de lo Penal en un auto, en el que desestima los recursos interpuestos tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado en representación de García Ortiz y confirma el pago de 39.000 euros en costas.

El tribunal no comparte las alegaciones de la Abogacía del Estado “acerca de la escasa complejidad de este proceso”, pues, a su juicio, dicha complejidad “deriva de razones materiales y procesales”.

Desde el punto de vista material, señala, “la causa versaba sobre hechos de singular gravedad institucional, al referirse a la revelación de información reservada por quien ostentaba la máxima representación del Ministerio Fiscal, en un contexto vinculado al deber de reserva propio de dicha institución”.

Complejidad procesal

Por otro lado, en lo procesal, la complejidad “se vio incrementada por la pluralidad de partes personadas, la tramitación inicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, posteriormente, ante esta Sala por razón del aforamiento, la incoación de quince piezas separadas para la tramitación de recursos de apelación, la necesidad de practicar numerosas diligencias de instrucción -entre ellas, comisiones rogatorias remitidas a Irlanda y Estados Unidos- y la intensa actividad impugnatoria desplegada durante todo el procedimiento”.

García Ortiz fue condenado a dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general, a pagar 17.200 euros en concepto de indemnización y multa -que fue abonado por la Unión Progresista de Fiscales tras una colecta- y a sufragar los gastos procesales.

El pasado febrero, el Supremo calculó en 79.942,70 euros esas costas del proceso judicial y tanto la Abogacía del Estado, en defensa de García Ortiz, como la Fiscalía recurrieron esa cantidad por considerarlas indebidas y excesivas.

El alto tribunal estimó en marzo la impugnación y redujo la minuta del abogado y del procurador, al excluir de las costas diferentes recursos, después de que el letrado de González Amador pidiera casi 80.000 euros por sus honorarios.

El Supremo tiene esta reducción en cuenta y señala que no existe motivo alguno para rebajar aún más el porcentaje aplicado.