Sánchez apoya que Cataluña incumpla el 25% del español

El Gobierno plasmó por escrito su apoyo a la ley aprobada en el Parlamento catalán que suprime el 25% del uso del castellano en las aulas y además se comprometió a garantizar que las instituciones del Estado en Cataluña respondan tanto oral como escrito en catalán a quien lo solicite. Así lo recoge el acuerdo para la protección de esta lengua alcanzado por el Ejecutivo y el Govern tras la mesa de dialogo desarrollada ayer.

Además, se abre la puerta a revisar en esta legislatura el reglamento del Senado para que los parlamentarios puedan utilizar todas las lenguas cooficiales en sus intervenciones en la Cámara Alta. El Gobierno también va a solicitar al Parlamento Europeo la consideración del catalán como lengua de uso y facilitará la incorporación de miembros de la Generalitat en las delegaciones a foros internacionales que traten políticas lingúisticas. Así queda recogido en el texto pactado por ambos gobiernos -que también alcanzaron otro acuerdo para “superar la judicialización” del “procés”- cuyas delegaciones se reunieron en La Moncloa durante una hora y 45 minutos.

A continuación, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, explicó, en materia lingúistica, que la protección del catalán es una obligación y, en consecuencia, se garantizará que todos los alumnos tengan su pleno conocimiento al igual que el español.

SENTENCIA IGNORADA

De esta forma, el Gobierno central reconoce la autonomía de cada centro escolar para reforzar una y otra lengua en función de su contexto social y cultural, como recoge la ley del catalán aprobada por el 80% del Parlament, según destacó Bolaños. Esta norma ignora una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que establece un mínimo del 25% de clases en castellano.

A este respecto, el ministro elogió dicha ley al señalar que es un “muy buen ejemplo” de los acuerdos amplios y transversales que defiende el Gobierno. Asimismo sotuvo que es una norma “perfectamente adecuada a la Constitución y al marco estatutario”, según expresó.

Sin embargo, el TSCJ señaló a principios de este mes que ve “vicios de inconstitucionalidad” en la ley y anunció que presentaría una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Advirtió además de la “imposibilidad legal” de ejecutar la sentencia que obliga a impartir un 25% de horas lectivas en castellano porque se contradice con la nueva normativa catalana sobre uso de lenguas oficiales en la enseñanza.

Bolaños también afirmó que garantizarán el derecho de todos los ciudadanos a ser atendidos en la lengua oficial de su elección, especialmente en las comunicaciones orales y escritas ante la Administración pública.

El documento señala que “el Gobierno de España promoverá, durante la presente legislatura, las reformas normativas necesarias para garantizar la plena disponibilidad lingüística y el derecho de ser correspondido oralmente y por escrito en catalán en organismos estatales como la Agencia Tributaria y la Policía Nacional.