Sánchez anuncia que tomará las “medidas precisas” para poner fin al bloqueo judicial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó ayer que el Ejecutivo adoptará “cuantas medidas sean precisas” para poner fin al injustificable bloqueo del poder judicial y del Tribunal Constitucional.

Sánchez expresó esa intención en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa tras la decisión del TC que ha paralizado la tramitación parlamentaria de la reforma judicial impulsada por los partidos del Gobierno.

El jefe del Ejecutivo, que no ha precisado cómo actuará a partir de ahora, ha apelado a la serenidad y ha garantizado que se cumplirán tanto las leyes como la Constitución. Afirmó además que el Gobierno, aunque no comparta la decisión del tribunal de garantías, acata la resolución de la “actual mayoría conservadora”.

Una decisión “sin precedentes” y que tiene, en su opinión, origen en la decisión del Partido Popular de “incumplir el mandato constitucional” con el único propósito de mantener una composición del Consejo General del Poder Judicial “más favorable a su orientación”.

Para Sánchez, la decisión del Constitucional es un “hecho grave” ya que es la primera vez que se impide a los representantes elegidos por los españoles que realicen su función de legislación. Son, ha remarcado el jefe del Ejecutivo, unos hechos “sin precedentes en la historia de nuestro país” y de ningún otro país del contexto europeo.

Se ha dirigido a los demócratas que se sienten “indignados” al ver vulnerado su derecho de representación y a aquellos ciudadanos “que contemplan desconcertados un choque institucional tan grave”.

Por su parte, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo, exigió al presidente del Gobierno que consensúe con su partido una reforma del Código Penal, renunciando a la modificación que se tramita ahora en el Senado, o de lo contrario que convoque ya elecciones generales.

Feijóo compareció en la sede del PP, donde dijo ser “aliado” del Gobierno, y ofertó al jefe del Ejecutivo una “salida” que pasa por volver a tipificar como delito el referéndum ilegal, mantener el de sedición y las actuales penas de la malversación y “renunciar a controlar a los jueces” asegurando que “los jueces elijan a los jueces” en el CGPJ. Esta es la posición que ya fijó el PP al romper las negociaciones para renovar el Poder Judicial el pasado octubre.

Mientras tanto, la Comisión Europea (CE) dijo estar al tanto de la decisión del Tribunal Constitucional español para paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma judicial y pidió a “todas las autoridades y partes nacionales” que actúen “acorde a las reglas y procedimientos” nacionales en esta situación.

“Esperamos que todas las autoridades y partes actúen acorde a las reglas y procedimientos a nivel nacional”, dijo el portavoz de Justicia, Christian Wigand, que recordó que los estándares europeos requieren que se consulte previamente a todas las partes antes de presentarse a la tramitación.

La reforma se tramitará como proposición de ley

El Gobierno ya ha elegido la fórmula para reformar la ley del Poder Judicial y el Constitucional tras frenar el tribunal de garantías su aprobación a través de la modificación del Código Penal y lo hará a través de una proposición de ley en el Congreso impulsada por los socialistas junto a otros grupos, entre ellos sus socios de Podemos.

Estas enmiendas pretenden por una parte eliminar la mayoría de tres quintos a la hora de nombrar en el Consejo General de Poder Judicial a los magistrados al Constitucional y por otra modificar el propio órgano de garantías eliminando el plácet, el examen de la idoneidad, a los nuevos magistrados y habilitando la opción de renovar por sextos y no por tercios.

Son la vía que el Gobierno ha encontrado para superar el bloqueo del Poder Judicial ante la falta de acuerdo con el PP, que dura ya cuatro años y que desde el pasado verano se extiende al Tribunal Constitucional, donde impera una mayoría conservadora.

Esta nueva proposición de ley podría registrarse esta misma semana, aunque depende del acuerdo al que lleguen los distintos grupos parlamentarios, que, según destacan las mismas fuentes, han vivido un reagrupamiento tras la actuación del Tribunal Constitucional, que consideran una tropelía.

Además, el pleno del Consejo General del Poder Judicial fracasó ayer en su intento de nombrar a los dos magistrados para el Tribunal Constitucional al no conseguir la mayoría para ninguno de los tres candidatos propuestos, por los vetos cruzados de los progresistas y conservadores a los aspirantes del otro.

Los magistrados del Supremo César Tolosa y Pablo Lucas obtuvieron 10 votos, todos de los vocales conservadores que les habían propuesto; y su compañero en el alto tribunal José Manuel Bandrés, los siete de los progresistas.