PSOE y ERC rebajan la pena por el delito de malversación

El grupo socialista y ERC han llegado a un acuerdo que rebaja las penas del delito de malversación cuando no exista ánimo de lucro o enriquecimiento personal, que estará castigado con un máximo de 4 años prisión frente a los 8 que marca el actual Código Penal en su tipo agravado.

La ponencia de la Comisión de Justicia incorporó ayer esta y otras enmiendas a la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos para eliminar el delito de sedición y convertirlo en uno agravado de desórdenes públicos, pasando de un máximo de 15 años de cárcel a 5.

Finalmente, además de esa reforma, se modifica el delito de malversación, por el que también fueron condenados varios dirigentes del procés y por el que están procesados diversos cargos independentistas.

La enmienda transaccional firmada por el PSOE y ERC y apoyada por Unidas Podemos y PNV distingue entre tres tipos de malversación y, según el grupo catalán, ninguno de ellos se corresponde con las conductas que llevaron a organizar el 1-O.

Según el texto pactado para el artículo 432, la autoridad o funcionario que, con ánimo de lucro, se apropie, o permita que un tercero se apropie, de patrimonio público que tenga a su cargo será castigado con entre 2 y 6 años de cárcel, pena que subirá de 4 a 8 años en su tipo agravado.

Se trata de una redacción similar a la que fija el actual Código Penal para toda la malversación, suponga o no un enriquecimiento personal.

Sin embargo, el artículo 433 incluye otra nueva modalidad de malversación y castigará a quien dé al patrimonio público que administre “una aplicación diferente de aquella a la que estuviere destinado”, conducta que estará castigada con cárcel de 1 a 4 años e inhabilitación de 2 a 6 años “si resultare daño o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado”. Si no se produce ese daño o entorpecimiento grave, la pena será de inhabilitación para cargo público de 1 a 3 años y multa de 3 a 12 meses. Según ERC, “este nuevo tipo no se corresponde tampoco con las conductas como la de organización del 1 de octubre, y menos aún con penas de prisión, dado que no se produjo ningún daño ni entorpecimiento grave del servicio público”.

Además, ERC someterá a ratificación de la militancia su apuesta por negociar un “acuerdo de claridad” con el Gobierno de España para sentar las bases de un referéndum de independencia en Cataluña, en la ponencia del partido que se votará el 28 de enero en su congreso en Lleida y que será su hoja de ruta para los próximos cuatro años. ERC propone considerar que ha ganado el “sí” a la independencia si hay un mínimo de 50% de participación y un 55% a favor del sí.

La ponencia pone en valor los frutos de la negociación con el Gobierno sobre el conflicto en Cataluña, entre las que los republicanos destacan que han “hecho mover” al PSOE hasta avalar los indultos a los condenados por el 1-O y tramitar la derogación de la sedición.

Cinco exministros socialistas, contra la reforma de la sedición

Cinco exministros socialistas, varios eurodiputados de esta formación política y catedráticos del Tribunal Constitucional, entre otros, han suscrito un manifiesto en contra del objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez de modificar los delitos de sedición y malversación.

Con este manifiesto, que difundió la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, integrada por personas de distinta procedencia política, pretenden exhortar a los diputados a que reflexionen sobre la gravedad de estos cambios, explicó ayer su presidente, Emilio Contreras.

Entre los 400 firmantes de este documento se encuentran los exministros José Luis Corcuera, César Antonio Molina, Julián García Vargas, Virgilio Zapatero y Javier Sáenz Cosculluela, y exdirigentes del PSOE, como Francisco Vázquez o Nicolás Redondo.

En el manifiesto denuncian el proceder del Gobierno y la tramitación legislativa elegida para “prescindir” de los pertinentes informes de los máximos órganos consultivos y de debates sobre “un problema jurídico de tanta trascendencia”.

Rechazan las actuaciones del Gobierno de coalición por entender que su objetivo es “obtener a cualquier precio el apoyo parlamentario de los partidos separatistas y de los que están contra la Constitución”.

En este sentido, advierten al Ejecutivo de que cambiar los delitos de sedición y malversación supondrá “un estímulo para atentar contra la Constitución y el ordenamiento jurídico democrático vigente”.