El PSOE eleva a casi 45.000 euros los pagos reconocidos a Leire Díez por trabajos de comunicación

El PSOE ha reconocido ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que abonó 44.859 euros a Leire Díez por labores de asesoramiento en comunicación en Cantabria entre los años 2015 y 2017, una cantidad que multiplica por casi tres la cifra de 15.612 euros que había comunicado inicialmente durante la investigación judicial abierta contra la exmilitante socialista.

Según la documentación remitida al magistrado Arturo Zamarriego, el partido ha revisado la contabilidad de la organización socialista cántabra y ha constatado que Díez no trabajó únicamente durante 2017, como había sostenido hasta ahora, sino que desarrolló funciones de asesora técnica de comunicación desde septiembre de 2015.

La formación precisa además que la relación profesional se articuló bajo la figura de trabajadora autónoma dependiente, una fórmula contractual que se prolongó en dos etapas diferenciadas.

Dos periodos de contratación

De acuerdo con el escrito remitido al juzgado, Leire Díez prestó servicios para el PSOE en Cantabria entre el 1 de septiembre de 2015 y el 28 de febrero de 2017, periodo por el que percibió 32.903 euros brutos.

Posteriormente mantuvo una segunda relación contractual entre el 1 de marzo y el 7 de septiembre de 2017, por la que recibió 11.956 euros brutos, cantidad que incluye la indemnización derivada de la rescisión unilateral del contrato.

La suma de ambos importes eleva el total abonado a 44.859 euros, una cifra sensiblemente superior a la trasladada por el partido en diciembre del año pasado, cuando informó al juzgado únicamente de pagos correspondientes a 2017.

Una investigación por presunto tráfico de influencias y cohecho

La aclaración se produce en el marco de la investigación que dirige el juez Zamarriego sobre una presunta trama en la que también figuran como investigados el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.

La causa trata de determinar si existió una actuación coordinada destinada a obtener información sensible o irregular con el objetivo de interferir en procedimientos judiciales considerados de especial relevancia y que afectan a responsables políticos y empresarios.

Una causa con ramificaciones en la Audiencia Nacional

Los hechos bajo investigación también son objeto de diligencias en la Audiencia Nacional, donde el magistrado Santiago Pedraz analiza la posible existencia de una red que, según las sospechas judiciales, habría operado para influir o desestabilizar procedimientos que afectan tanto al PSOE como al Gobierno.

En ese procedimiento aparece mencionado igualmente el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, a quien los investigadores sitúan como presunto líder de la estructura, una hipótesis que continúa bajo examen judicial y sobre la que no existe por el momento una resolución definitiva.