Protección de Datos investiga el acceso ilegal a bases de censo estatales

nnn La Agencia Española de Protección de Datos ha abierto actuaciones previas de investigación para averiguar si se ha producido un acceso ilícito a bases de datos estatales para la creación del censo electoral catalán, que pretenden usar los impulsores del referéndum del 1-O para la consulta.

Esta actuación, que se produce después de que la Agencia haya recibido una denuncia de un ciudadano, ha llevado a que este organismo haya solicitado información a diversas entidades, como el INE o la Agencia Tributaria, sobre los accesos a sus bases de datos por parte de la Generalitat o los ayuntamientos en Cataluña.

La AEPD ha trasladado la denuncia a la Autoridad Catalana de Protección de Datos, a la que ha remitido también un informe en el que se analiza la ausencia de base legal para la utilización de determinados con los que crear un censo electoral por parte de la Generalitat de Cataluña.

La elaboración del censo para todo tipo de elecciones que se celebran en España es una competencia de la Oficina del Censo Electoral, bajo la supervisión de la Junta Electoral Central. Esta oficina, que está encuadrada en el INE, actualiza el censo todos los meses con la información recibida de oficio por los ayuntamientos, oficinas consulares o encargados del Registro Civil, pero es una información que solo está disponible a nivel interno.

El proceso para elaborar el listado para unas elecciones concretas no se inicia hasta que la convocatoria de las mismas sale publicada en el Boletín Oficial del Estado, lo que no ha ocurrido con el referéndum catalán, suspendido por el Tribunal Constitucional.

En el extenso informe que ha remitido a la agencia catalana, la AEPD recuerda que la protección de datos de carácter personal es un derecho fundamental, consagrado en la Constitución y en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y actualmente regulado en España por ley orgánica de 1999. La norma establece sanciones que van desde los 900 a 40.000 euros para las sanciones leves y de 300.001 a 600.000 para las consideradas muy graves.n