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Instituciones Penitenciarias decidió dejar de informar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las visitas que recibe el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde se encuentra en prisión provisional desde el 30 de junio por el “caso Koldo”, después de que el Tribunal Supremo (TS) le recordara que debía actuar según normativa.
En un escrito firmado por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, se informa al Supremo de que “se deja sin efecto el cumplimiento que por parte de esta Secretaría General se venía haciendo relativo a la solicitud de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, a través de la Unidad Técnica de Policía Judicial de dicho Cuerpo, en la que se pedía información sobre las visitas al interno”.
Ortiz González explicó que así se decidió “en virtud” de la providencia dictada por el magistrado instructor del “caso Koldo”, Leopoldo Puente, en la que se limitó a recordar a Instituciones Penitenciarias que debe actuar “en los términos que considere normativamente conducentes”.
No obstante, Ortiz González reiteró en el escrito que queda a disposición del Supremo “para cualquier tipo de actuación que considere”.
Fue el pasado 3 de julio cuando la UCO pidió a prisiones, “por ser de interés para las investigaciones”, “ser informada de las visitas que reciba el interno, a poder ser con antelación a que se produzcan”.
“En caso de que sean imprevistas, como las llevadas a cabo por miembros del colegio de abogados, se informe a la mayor brevedad posible. Es de interés quién y cuándo se realizan o realizarán dichas visitas, no así el contenido de las mismas”, decía, pidiendo a Instituciones Penitenciaras “la máxima discreción”.
Prisiones, por su parte, en otro escrito de 9 de julio, se dirigió a Puente para informarle de la solicitud de la UCO, indicándole que se estaba “cumplimentando”, salvo que por el tribunal se ordenara lo contrario, recibiendo del TS la respuesta indicada.
Fuentes de la defensa de Cerdán denunciaron entonces que se trataba de un grave “atropello” a sus derechos, algo que sus abogados reiteraron en la vista que se celebró ayer en el TS por el recurso de apelación presentado por el ex dirigente socialista pidiendo su salida de la cárcel, según fuentes jurídicas.
El Supremo envió a Cerdán a prisión provisional el pasado 30 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho al considerarle el cabecilla de la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, en la que también habrían participado el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su ex asesor ministerial Koldo García.
Puente apreció un riesgo de destrucción, alteración y ocultación de pruebas por parte de Cerdán por ser quien, presuntamente, sabe quiénes pagaban las mordidas y quiénes las recibían, unas incógnitas que la investigación judicial aún no ha esclarecido por completo.
La defensa de Cerdán alegó que es víctima de una “presunción de indecencia”, descartando cualquier riesgo de destrucción de pruebas que no haya podido conjurar el propio instructor, en la vista que se celebró ayer en el TS para estudiar el recurso de apelación donde pide revocar su ingreso en prisión provisional, acordado por la presunta trama de amaño de obras del “caso Koldo”.
Según fuentes jurídicas la defensa argumentó que el riesgo de destrucción, alteración u ocultación de pruebas que apreció el magistrado instructor, Leopoldo Puente, para enviarle a la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado 30 de junio podría haberse disipado con un registro que podría haber acordado desde que dejó de ser diputado y, por tanto, aforado, el pasado 16 de junio.
Sobre esto, de acuerdo con las citadas fuentes, los letrados Benet Salellas y Jacobo Teijelo descartaron que, cuando entró en prisión, Cerdán entregó su teléfono móvil a su familia y que, desde entonces, ha estado en su vivienda. A ello sumaron que avisaron al TS de que la familia se mudaría el pasado lunes, sin que tampoco se actuara.
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