Preocupación por el nuevo Reglamento de Extranjería

El nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado por el Gobierno el 19 de noviembre, entrará en vigor este martes 20 de mayo, con el objetivo por parte del Ejecutivo de dotar de flexibilidad al sistema -estima que podrán regularizarse unos 300.000 migrantes al año- pero también la inquietud de las organizaciones, que advierten de que deja en el limbo a los solicitantes de asilo rechazados.

Según explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, este nuevo reglamento busca “simplificar y agilizar los procedimientos”, evitando la “presentación excesiva” de documentos o por “vías inadecuadas” y la doble comprobación de los mismos requisitos; reducir los tiempos, excesivos, empleados para algunas vías de migración regular.

Además, el reglamento tiene como objetivo mejorar la concreción jurídica respecto a las figuras y situaciones cubiertas por determinados permisos; contemplar, de manera expresa, los derechos de las personas trabajadoras migrantes; conseguir una mayor claridad y la regulación de en qué supuestos, y bajo qué condiciones, se puede modificar el estatus migratorio de una persona, y de sus familiares”.

A pesar de las flexibilización del sistema, las organizaciones de defensa de migrantes (Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes) presentaron en enero un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la norma.

En él, advierten de que la reforma del reglamento impide que el tiempo que los solicitantes de asilo pasan en España de forma legal, esperando una respuesta a su solicitud, pueda usarse para solicitar el permiso de residencia en caso de que la resolución de protección internacional sea negativa.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, presentó el pasado viernes en el Parlamento un informe en el que alerta de que la entrada en vigor, en mayo de 2025, de los nuevos requisitos de acceso al arraigo para los solicitantes de protección internacional “podría abocar a la irregularidad sobrevenida a miles de menores”.

Según el Ministerio, el reglamento supuso una mejora de la regulación de la figura del arraigo con un doble objetivo que consiste en facilitar la integración de las personas extranjeras en situación irregular que tienen vínculos acreditados con España, permitiendo el acceso a una autorización de residencia, y facilitando su incorporación al mercado laboral, ya que todas las autorizaciones de residencia por arraigo habilitan a sus titulares a residir y trabajar.