El PP, en desacuerdo con la reforma de la ley mordaza

El Partido Popular acudirá al Tribunal Constitucional (TC) si la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza, mantiene “cuestiones de dudosa constitucionalidad” y desprotege a los agentes. Así lo denunció ayer la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, tras la reunión mantenida por el líder del PP, Pablo Casado, y diecisiete sindicatos policiales y de la Guardia Civil.

El PP planteará un recurso ante el Tribunal Constitucional si tras la tramitación “se siguen manteniendo algunas de las cuestiones de dudosa constitucionalidad” y secundará las manifestaciones convocadas por los sindicatos. Además, si logra gobernar, Casado derogará la reforma de la ley, según anunció en Twitter, donde recalcó que es “una línea roja que ataquen a los defensores de la libertad y seguridad”. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudirá a la manifestación convocada el próximo 27 de noviembre en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como Ley Mordaza, según confirmaron fuentes del Gobierno regional. Con su asistencia al acto, la presidenta regional quiere además mostrar su apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado ante una reforma de la ley que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que desde los sindicatos policiales y de las asociaciones de la Guardia Civil ven como una amenaza al principio de autoridad de estos Cuerpos.

Los aspectos lesivos a juicio del PP es que se puedan convocar manifestaciones sin comunicación previa, que haya “mayor protección a los ongi etorris”, los homenajes a presos etarras, o que se permita difundir imágenes de los agentes, lo que les desprotege a juicio del PP, o se tengan que identificar. Según el PP, “pudiera parecer” que el Gobierno y sus socios se están armando políticamente para volver a la oposición y poder calentar las calles en el caso de que haya un cambio político. Por su parte, Miguel Ángel Gómez, presidente de Jusapol, la asociación que agrupa a guardias civiles y policías, explicó que Casado les trasladó también su intención de aprobar una nueva ley de seguridad ciudadana actualizada, con mayor seguridad para las fuerzas de seguridad, cuando llegue el Gobierno y en caso de que el recurso ante el TC no prospere.

En declaraciones remitidas a los medios aseguró que salen de la reunión con “buenas sensaciones” y advirtió de que la reforma de la ley tiene unos plazos muy rápidos con el objetivo de “vender” a las fuerzas de seguridad por unos votos y unos apoyos a los Presupuestos, lo que dijo no entender.

“Las fuerzas de seguridad tienen que estar en una burbuja, al margen de la política y no podemos ser moneda de cambio de nadie ni contra nadie”, señaló Gómez, quien, tras lamentar que el Gobierno crea que la equiparación salarial con las policías autonómicas es un tema ya resuelto, informó de que Casado se comprometió a llevarlo en su programa electoral como una prioridad. La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, defendió ayer la apuesta del Ejecutivo por reformar la ley de Seguridad Ciudadana o también conocida como ley mordaza.