PP y Cs llevan al Constitucional el ataque del PSOE al castellano

La enmienda a la "ley Celáa" de educación pactada por los socios del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, con los nacionalistas catalanes de ERC, en la que se suprimirá que el castellano sea lengua vehicular en todo el Estado, suscitó importantes reacciones contrarias tanto desde el ámbito político, con PP y Cs a la cabeza, que aseguran lo recurrirán ante el Tribunal Constitucional como ante la UE, como desde la comunidad educativa.

Así, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, anunció ayer que su formación recurrirá al Tribunal Constitucional la "Ley Celaá si el Gobierno y sus socios nacionalistas excluyen el castellano como lengua vehicular y liquidan la libertad educativa contra la concertada". A través de un apunte en su cuenta de Twitter, el líder de los "populares" denunció que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "pretende permanecer en el poder negociando el futuro" de sus "hijos".

Casado se expresó así después de que los grupos parlamentarios del PSOE, de Unidas Podemos y de ERC hayan presentado una enmienda conjunta a la reforma de la ley educativa que contempla la eliminación del castellano como lengua vehicular.

La iniciativa, impulsada por ERC, pretende introducir la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo, aunque la educación en castellano, según fuentes parlamentarias, estaría garantizada. El objetivo es, por un lado, blindar la inmersión lingüística en Cataluña, garantizar el conocimiento de todas las lenguas cooficiales y que la medida tenga encaje constitucional.

“el precio de los votos"

El primer partido de la oposición considera que detrás de la "Ley Celaá" está "el precio de los votos" al Presupuesto y "ahí las prisas en la tramitación", en palabras de su portavoz parlamentaria en el Congreso, Cuca Gamarra.

Asimismo la portavoz "popular" de Educación en el Congreso, Sandra Moneo, aseguró que pretenden "atropellar el derecho de las familias para el elegir el colegio" de sus hijos y "expulsar el castellano como lengua vehicular del sistema educativo".

Por su parte Ciudadanos anunció que acudirá al Tribunal Constitucional, a la Unión Europea, al Defensor del Pueblo y a la Alta Inspección educativa. Así lo indicó ayer la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, a través de un mensaje y un vídeo en su cuenta de Twitter.

La líder de la formación naranja afirmó en su mensaje que la "inacción" de los gobiernos del PP y del PSOE durante décadas "ha permitido que se vulneren derechos lingüísticos y que el español no sea lengua vehicular" en las escuelas de algunas comunidades.

Ciudadanos, durante todos estos años, lo ha "denunciado ante Europa y ante muchas instituciones, porque se incumplen sentencias de los tribunales clarísimas y derechos fundamentales", destaca.

Arrimadas ha expresado su rechazo hacia el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos -"ya sabíamos que era capaz de hacer estas cosas", dijo- y recordó que, tras las elecciones de noviembre, Cs intentó evitar esa coalición proponiendo un acuerdo con el PSOE y el PP que estos dos partidos rehusaron.

Desde ERC niegan que la enmienda tenga que ver con los Presupuestos. En el mismo sentido se pronunciaba la ministra de Educación, Isabel Celáa, que negó que el acuerdo tenga que ver con la negociación de los Presupuestos asegurando que su departamento "no depende de nadie".

Galicia acusa a la ministra de crear "un conflicto inexistente"

El pacto entre PSOE, Unidas Podemos y ERC para que las comunidades autónomas sean las que determinen cuál es la lengua vehicular en su territorio motivó un nuevo desencuentro entre la Consellería de Educación y el Ministerio del ramo. Esta decisión supondría para el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, crear un conflicto hasta ahora inexistente y utilizar la cuestión del idioma "con una clarísima intencionalidad política".

Rodríguez advierte de que Galicia "no va a apoyar modelos" que se sitúen "en contra de la convivencia" de las lenguas "o que las usen como excusa para el conflicto social". "Si el Gobierno pretende hacerlo, nosotros le recomendamos que se fije en el modelo gallego como referencia y que no cree problemas donde no existen", insiste. El titular autonómico situó a la comunidad como referente en materia lingüística con modelo bilingüe "totalmente normalizado", como evidencian los datos del informe PISA relativos al dominio de ambos idiomas por el alumnado.

"No confronta, busca siempre la convivencia y apuesta por relacionarnos con los demás en pie de igualdad", defendió Rodríguez, para advertir de que la Xunta no permitirá que este modelo "se vea alterado por decisiones que, sin duda responden a otro tipo de intereses y fomentan la intolerancia entre las lenguas".

En esta línea, el sindicato ANPE rechaza la medida asegurando que "el castellano es la lengua oficial de todos los españoles" y asegura que "afectaría al carácter estatal de los cuerpos docentes".