La Policía ejecuta el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años que llevaba más de 70 años en su casa

La Policía ha ejecutado este miércoles el desahucio de Maricarmen, la vecina de 87 años del barrio madrileño de Retiro que llevaba más de siete décadas viviendo en su casa de la calle Alcalde Sainz de Baranda. El lanzamiento se ha producido ante la negativa de la propiedad a conceder una prórroga, pese a la movilización de cientos de personas y a las distintas peticiones para evitar que la mujer tuviera que abandonar la vivienda.

El desalojo estaba previsto desde las 7.30 horas en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda. Durante la noche y las primeras horas de la mañana, unas 400 personas, según los datos de la Delegación del Gobierno, habían permanecido concentradas y acampadas frente al inmueble, convocadas por el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Los asistentes habían tratado de impedir el lanzamiento con consignas como "No se marcha" y "Fuera fondos buitres de nuestros barrios". La movilización contó además con la presencia de los actores Juan Diego Botto, Carlos Bardem y Sergio Peris-Mencheta, el diputado de Sumar Enrique Santiago, la comunicadora Inés Hernand y la cantante Ana Belén.

Maricarmen, que tiene reconocida una discapacidad del 50%, había agradecido visiblemente emocionada el respaldo recibido. "Luchar, no os quedéis en casa, luchar por vuestra vivienda, que tenemos derecho a vivir", había manifestado ante los asistentes.

Más de siete décadas en la vivienda

El caso de Maricarmen se había convertido en uno de los símbolos de la movilización por el acceso a la vivienda en Madrid. Su padre firmó en 1956 un contrato de arrendamiento para la vivienda. Tras su fallecimiento, el contrato pasó primero a su esposa y posteriormente a Maricarmen, que mantuvo las mismas condiciones de alquiler.

Se trataba de un contrato de renta antigua, con una renta que se actualizaba anualmente en función del IPC, además de otros gastos como el IBI.

La propiedad del edificio pasó en 2018 a Urbagestión y, desde entonces, Maricarmen se había enfrentado a varios intentos de desahucio. La mujer llegó a obtener un pronunciamiento favorable en primera instancia, aunque posteriormente el Tribunal Supremo falló a favor del inversor.

Los colectivos que la apoyaban denunciaban que la propiedad había intentado incrementar el alquiler entre un 250% y un 275%. El Sindicato de Inquilinas también había planteado a las administraciones distintas alternativas, entre ellas la adquisición pública de la vivienda o cambios legislativos para reforzar la estabilidad de determinados contratos.

Una oferta para pagar parte del alquiler

En las horas previas al desahucio, una donante anónima se había ofrecido a pagar parte del alquiler de Maricarmen con el objetivo de evitar el lanzamiento. Se trataba de una escritora que contactó con el Sindicato de Inquilinas y que pidió que su identidad no trascendiera.

La propiedad, sin embargo, no había respondido a esta oferta y finalmente el desahucio se ha ejecutado este miércoles.

El Sindicato de Inquilinas había reclamado también una alternativa habitacional para la mujer y había cuestionado la actuación de las distintas administraciones. La organización aseguraba que se le había ofrecido una residencia privada con un coste superior a 1.200 euros, una cantidad que consideraba inasumible para su pensión.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana había reclamado al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que intervinieran y había respaldado el requerimiento de Naciones Unidas para suspender cautelarmente el desalojo.

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, defendían que los servicios sociales municipales habían emitido el informe de vulnerabilidad en octubre de 2025 a petición del juzgado. También señalaban que Maricarmen recibe distintas prestaciones municipales, entre ellas el servicio de ayuda a domicilio, y que se le habían ofrecido recursos de alojamiento que, según el Consistorio, había rechazado expresamente.

El Samur Social había previsto acudir al lanzamiento y ofrecer atención a la mujer en el marco de la emergencia social en caso de que finalmente se ejecutara.

El desahucio se ha producido finalmente este miércoles, después de que la propiedad no aceptara conceder una prórroga, poniendo fin a la permanencia de Maricarmen en la vivienda en la que había residido durante más de 70 años.