Oltra desoye las peticiones de dimisión tras su imputación

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, descartó ayer dimitir tras su imputación judicial por ocultar los abusos sexuales del por entonces su marido a una menor tutelada por la consejería que ella dirigía y afirmó que aguanta la presión, al considerar que esta es una cuestión “política”, fruto de una “cacería de la extrema derecha”. Oltra se pronunció por primera vez públicamente tras su imputación judicial, en una multitudinaria rueda de prensa tras el pleno semanal del Gobierno valenciano.

La número dos del Gobierno valenciano insistió que siempre ha “desvinculado las imputaciones de las líneas éticas”, por lo que su actitud es “coherente” con su trayectoria política, y aseguró que no se están produciendo negociaciones entre su partido, Compromís, y el del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el PSPV-PSOE, para apartarla de sus responsabilidades

La oposición insistió en que Puig debe destituir de manera “fulminante” a Oltra y fue más allá, al pedirle que expulse como socio de gobierno a Compromís, formación que alertó de que si el presidente optara unilateralmente por apartarla rompería el acuerdo del Botànic, el pacto de izquierdas del PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem que desde 2015 sustenta al Gobierno valenciano.

Desde el Ejecutivo central, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, mostró su respeto a la decisión judicial, como hizo el jueves Ximo Puig, mientras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó que es Oltra la que debe tomar las decisiones sobre su futuro.

La vicepresidenta admitió que haber sido citada a declarar como investigada el 6 de julio “bonito no es”, aunque supone la “primera oportunidad” de acudir al tribunal a decir “la verdad” y explicar “lo mismo básicamente” que en su comparecencia ante Las Cortes Valencianas del 21 de abril de 2021. Aseguró que nadie del Consell le surigió que dimita, que tiene el apoyo de todos los consejeros, y que no ha hablado de su imputación con el presidente de la Generalitat Valenciana, porque ya ha dado “todas las explicaciones” en el Parlamento valenciano y Puig “sabe perfectamente lo que hay”.

Preguntada sobre si el presidente estaría legitimado para destituirla, afirmó que no le va a “añadir presión”, y respecto a si se ve capacitada en su situación a hacer de portavoz cada semana del Gobierno valenciano respondió: “¿Es obvio, no? Lo estoy haciendo”.

Sobre si es soportable la presión que este caso le supone a ella y al ejecutivo autonómico, la vicepresidenta consideró que esto es “una cacería de la extrema derecha”, que no tiene “nada que ver con hacer justicia” y “esta gente no puede ganar”, por lo que “la presión se aguanta, pues si no se dedica uno a otra cosa”.

En 2010, reclamó el cese de Camps al ser imputado

La vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, preguntada por los medios sobre la afirmación que en 2010 le trasladó al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps de que ella dimitiría si fuera imputada -“el día que me viera como usted, imputado y vilipendiado, ese día me iría a casa”- aseveró que “cualquier comparación con el comportamiento corrupto del PP es odiosa”, y que ella ha actuado con “total transparencia” y “lealtad parlamentaria”, dando “múltiples” explicaciones.

Desde la oposición, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, pidió tanto a Puig como a Oltra que “dejen de dañar a la Generalitat y a su imagen institucional” y ha reclamado al president que aparte “urgentemente” del cargo a la vicepresidenta por “responsabilidad democrática, institucional y moral”.

La coordinadora de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, María Muñoz, pidió a Puig que ponga fin “al pacto de la indecencia con Compromís”, y la síndica de Vox en Las Cortes, Ana Vega, reclamó la comparecencia de ambos para que den explicaciones y consideró que la responsabilidad recae ahora “exclusivamente” en el presidente valenciano.

Por el contrario, la coportavoz de Compromís Àgueda Micó, alertó de que si Puig tomara la decisión de apartarla del cargo sin el acuerdo del resto de socios del Botànic supondría “una ruptura de la confianza” y, por tanto, del proyecto del Botànic.

Para Micó, la línea roja para pedir la dimisión de la vicepresidenta es el final del proceso judicial, y ha revindicado un cierre de filas del Gobierno valenciano ante “una situación injusta” que a su juicio terminará con la absolución de la dirigente de Compromís.