Mas asume desde el banquillo ser el único responsable político del 9N

nnn El expresidente catalán Artur Mas se declaró ayer único responsable político "de todo" el 9N, pero negó que desobedeciera al Tribunal Constitucional (TC) cuando mantuvo la consulta independentista, alegando que el alto tribunal nunca le advirtió de las consecuencias de desoírle. Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau declararon ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en la primera jornada del juicio que se sigue contra ellos por desobediencia grave y prevaricación al mantener la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, pese a haber sido suspendida cinco días antes por el TC.

Los encausados entraron con casi media hora de retraso al TSJC, que les había citado a juicio a las 09,00 de la mañana, mientras se daban un baño de masas desde el Palau de la Generalitat hasta las puertas del Palau de Justicia, donde les arroparon unos 40.000 manifestantes convocados por las entidades soberanistas, según la policía local de Barcelona. El retraso de Mas, Ortega y Rigau llevó al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, a convocar a fiscales y letrados a la sala para pedirles explicaciones por la demora y, al mismo tiempo, advertirles de que, pasada media hora desde la citación, se convocaría una "vistilla" para que las partes pudieran plantear las medidas cautelares que consideraran oportunas.

proceso participativo

Ya ante el tribunal, Artur Mas -el primer presidente de la Generalitat moderna juzgado- se negó a responder a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación popular, ejercida por dos sindicatos policiales y por Manos Limpias. En respuesta a las preguntas de su abogado, Xavier Melero, el expresident reconoció ser "responsable de todo" el 9N, incluidas las "directrices" que siguieron las dos exconselleras encausadas, pero defendió que la consulta no fue un "capricho individual", sino que obedecía a un mandato "democrático" del Parlament.

Mas negó, sin embargo, cualquier "ánimo de desobedecer" al TC y recordó -haciendo suyo uno de los argumentos de los fiscales catalanes contrarios a querellarse por el 9N- que el alto tribunal no emitió ningún tipo de "advertencia expresa" que avisara al Govern de las responsabilidades penales en que podría incurrir en caso de desoír su suspensión, incluso cuando la Generalitat le pidió que aclarara el alcance de su orden.

Para Mas, la suspensión del 9N lo situó en la tesitura de escoger entre "obedecer el mandato parlamentario explícito" que le obligaba a mantener la votación o atender la resolución del Constitucional, que a su parecer era "imprecisa". El expresident admitió que, en cuanto el TC vetó la consulta independentista a raíz de un recurso del Gobierno el 29 de septiembre de 2014, la Generalitat cambió el "formato" de la votación, de forma que la administración catalana "ya no era directamente responsable" en su organización, sino que se limitaba a dar "apoyo" a los voluntarios que asumieron su ejecución.

En ese sentido, insistió en que cuando el 4 de noviembre de 2014 el TC suspendió el "proceso participativo" al que se rebajó la consulta inicialmente prevista, había una "imposibilidad material" de detener la organización del proceso participativo del 9N.

La declaración de Mas, que se explayaba en largas explicaciones a las concisas preguntas de su abogado, le valió una reprimenda del presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, que le pidió que dejara de hacerse preguntas a sí mismo tras recordarle que, en una sala de vistas, debía limitarse a responder.

Las exconsejeras Ortega y Rigau, por su parte, se escudaron en que la ejecución del 9N quedó en manos de voluntarios tras la suspensión y han negado que presionaran a funcionarios para que facilitaran la logística de la votación.

Por el 9N, Mas afronta una pena de diez años de inhabilitación que amenaza con dificultar un posible regreso del expresident como candidato del PDeCat. n