Luz verde desde el Congreso al reparto de menores migrantes

El Congreso de los Diputados convalidó ayer el real decreto-ley para repartir a los menores migrantes no acompañados. En concreto, contó con 179 votos a favor (PSOE y socios), 170 en contra (PP y Vox) y una abstención de UPN. En el debate, PSOE y socios pidieron a los grupos de la Cámara Baja el apoyo para el real decreto-ley, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. Este, fruto de un acuerdo entre Gobierno y Junts, modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería y establece los criterios de reparto de menores migrantes entre las autonomías.

En este sentido, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, reclamó ayer en el Congreso una “respuesta de Estado” al fenómeno migratorio, así como el apoyo del PP para repartir a menores migrantes no acompañados.

Torres también le pidió al PP que actúe “con responsabilidad”, para que demuestre que es “un partido de Estado”. Además, preguntó que si la solución es parar este real decreto-ley, “¿cuál es la alternativa para los territorios fronteras?”. Igualmente, apeló al voto favorable de Vox. “Puedo parecer un iluso por esta petición”, indicó.

La votación actual de este real decreto-ley tiene lugar después de que en julio del año pasado la Cámara Baja rechazase la toma en consideración de la proposición de ley registrada por PSOE, Sumar y CC para repartir a menores migrantes. PP, Vox y Junts tumbaron la iniciativa. Desde entonces, el Gobierno negoció con los grupos parlamentarios para dar una solución a los territorios con sobreocupación, como Canarias. En este sentido, Torres defendió la propuesta actual, que es “mejor” y “más completa” que la del 2024.

Diana del odio

Igualmente, el socialista Lux Andre Diouf, denunció que los menores migrantes no acompañados se convirtieron en estos años en “la diana del odio y de la xenofobia”. En este sentido, al igual que la mayoría de los grupos, Diouf también se refirió a Vox, quien dijo que tiene “tendencia a alarmar a la ciudadanía y hablar en unos términos de crisis migratoria que no se corresponde con la realidad”.

Por el contrario, Ana Alós, del PP, dijo que el reparto es una “chapuza administrativa con gravísimas consecuencias jurídicas y de seguridad”. “Es un parche que se limita a repartir el problema sin abordar ni una sola de las causas raíz, ni el control efectivo de fronteras, ni los acuerdos de retorno eficaces, ni la lucha contra las mafias”, subrayó.

Asimismo, Alós indicó que el Gobierno no está “para dar lecciones y pedir altura de miras a los demás”. En este sentido, destacó que el Tribunal Supremo tuvo que “obligar” al Ejecutivo a responsabilizarse de los menores migrantes solicitantes de asilo, cuanod deberían haber estado “desde el principio” en el sistema de protección internacional “y no bajo la tutela de Canarias”.

Mientras, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, rechazó “total y absolutamente” esta medida, que dijo que es “otro paso más” en el “efecto llamada”. Además, tildó el discurso de Torres de “hipócrita y lacrimógeno”.

Millán también instó al PP a no dar “pábulo” ni desarrollar “de ningún modo” la política migratoria del PSOE en las comunidades donde gobiernan los “populares”. “Esto es un reparto de miseria, inseguridad y degradación que no se merece sufrir ningún español”, recalcó.

Demagogia de Vox

Vicenç Vidal, de Sumar, criticó las “falsedades” y la “demagogia” de la intervención de Vox y le reprochó que se trata de niños que tienen derechos. También hizo alusión a la palabra Mena (Menores Extranjeros No Acompañados), utilizada por los de Santiago Abascal. “Mena es una mierda de palabra. Porque detrás de la utilización de esta mierda de palabra, ustedes lo que hacen es deshumanizar. Detrás de esta mierda de palabra, lo que ustedes hacen es ser racistas”, subrayó.

En cuanto a Noemí Santana, de Podemos, lamentó que el PP tenga “un doble discurso” en Canarias y en otras comunidades autónomas ponga “todas las trabas y barreras para que esos niños puedan desarrollar sus vidas dignamente”.