Lesmes llama a los partidos a la urgente renovación judicial

nnn El presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, señaló ayer que la renovación del órgano de los jueces representa "una seria anomalía" y recuerda que la Constitución fija en cinco años la duración de cada mandato. "Me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones", apuntó.

En su intervención en el inicio del Año Judicial en la sede del Supremo indicó que no obstante el CGPJ tiene asignadas muy relevantes funciones como nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario que son permanentes y que por tanto deben seguir desarrollándose con normalidad para no producir un "gravequebranto" a la Justicia española, "a la que dañaría una paralización institucional mantenida en el tiempo, en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes".

Durante el discurso, Lesmes recordó el papel y compromiso del sistema judicial durante el estado de alarma provocado por la pandemia de coronavirus, y subrayó que toda crisis es una oportunidad para avanzar, por ejemplo en la "ineficientemente organizada" Administración de Justicia que tiene "procesos interminables y con una digitalización de su funcionamiento muchas veces iniciada pero nunca terminada".

Mejorar la respuesta

Asimismo, el presidente del TS ha resaltado que tras el estado de alarma, que se prolongó por meses, toca reflexionar sobre el mismo y ha pedido un debate sosegado y resolver "como mejorar los mecanismos de respuesta" frente a situaciones de crisis, "habida cuenta de la inapelable tozudez con que la historia demuestra que se podrán repetir en el futuro".

"La complejidad de la situación vivida bajo el estado de alarmaobliga a efectuar algunas reflexiones sobre aquellos estados especiales contemplados en el artículo 116.2 de la Constitución Española, que configuran lo que se ha dado en llamar el "Derecho de necesidad", analizando cuál ha de ser la función del Poder Judicial en esos estados especiales", ahondó.

En este sentido, afirmó que otra de las consecuencias del covid-19 es la generación de "importantísimas tensiones en el orden legal de los Estados, "que han llevado a la adopción de estrictas medidas, sin parangón desde la Segunda Guerra Mundial, dada su repercusión sobre los derechos de las personas".

Al hilo, recordó que en España además de los estados excepcionales contemplados en la Carta Magna, existen múltiples disposiciones ordinarias de necesidad que no suponen una "suspensión genérica de la Constitución". Y añadió que es momento de poner el foco en la multitud de decisiones sanitarias que implicaron restricciones de la libertad personal y que estaban amparadas por la legislación sanitaria ordinaria de excepción que exigen "un ulterior control judicial aun adoptadas bajo el régimen de alarma".

Normativa clara

En este sentido, Lesmes recordó que diversos juzgados debieron dictar resoluciones urgentes para avalar o anular medidas, e incide en que esto pone de manifiesto la necesidad de "una mayor claridad normativa respecto de la posible adopción de medidas tanrestrictivas de la libertad" así como una mejor delimitación de su necesaria ratificación judicial cuando son tomadas en razón de la legalidad ordinaria.

Durante su discurso de inicio del curso judicial, Lesmes, que deseó que este "sea el último" que pronuncia como presidente del CGPJ, apuntó que si la labor judicial es ya compleja en situación de normalidad, la pandemia "ha mostrado con crudeza las debilidades del sistema judicial y procesal", por lo que incidió en la necesidad de que la administración sea lo suficientemente tecnificada y bien organizada para poder seguir prestando servicio llegado el caso. n