La Justicia empieza el año con 72 cargos por designar

Son 19 en el Supremo, 32 en Tribunal Superiores, 20 en Audiencias Provinciales y uno en la Audiencia Nacional, un total de 72 los nombramientos que están pendientes en la Justicia, que arranca el año en números rojos, sin perspectiva de paliar esta situación y con el pesimismo instalado en la carrera.

El alivio que trajo consigo el nombramiento hace una semana de César Tolosa y María Luisa Segoviano como magistrados del Tribunal Constitucional tras seis meses de bloqueo hurga en la herida del Supremo, pues con la designación del primero se suma una vacante más en el alto tribunal que, como las 18 anteriores, no será cubierta.

Resulta que el goteo es incesante, pues el nombramiento de Tolosa, hasta entonces presidente de la Sala de lo Contencioso, coincidió con la jubilación de Octavio Herrero, magistrado de la misma sala.

Y a ello se suma la interinidad de dos de sus cinco presidencias de sala, ya que la salida de Tolosa es posterior a la de Segoviano, que se jubiló el pasado noviembre. Precisamente a ambos les une la misma fatalidad en su salida del tribunal, pues dejan sus salas bajo mínimos: lo Contencioso con 22 de 33 magistrados, un tercio menos, y lo Social con 8 de 13.

No obstante, a ninguno se le puede achacar responsabilidad alguna en ello, habida cuenta de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no puede designar cargos judiciales mientras esté en funciones. Y dado que lleva cuatro años y contando, los números son insólitos en la carrera judicial. 72 nombramientos pendientes.

“Solo podemos ir de mal en peor”, advierte un magistrado, al citar que la ruptura de puentes entre PSOE y PP, la entrada en año electoral.

Como él, varios compañeros consultados comparten el mismo diagnóstico. “En unos meses nos va a dar un cortocircuito” asegura otro magistrado del alto tribunal, mientras que una compañera augura un panorama igual de sombrío: “En breve nos tocará colgar el cartel de cerrado en unos meses”.

Las fuentes lamentan que “se hayan cruzado todas las líneas rojas” al tolerar “semejante despropósito” en el tribunal que fija la jurisprudencia del país. Por eso insisten en que, ante la imposibilidad actual de realizar nombramientos, se estudien otras vías.

En las autonomías la situación es igual de complicada. 32 nombramientos pendientes en Tribunales Superiores, siete de ellas presidencias: Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja y Murcia, según datos facilitados por el CGPJ.

Además, hay 20 nombramientos pendientes en Audiencias Provinciales, aunque a diferencia del Supremo, en esto casos los magistrados siguen en sus puestos en funciones.

Y como recuerdan las fuentes, ni el mejor de los escenarios con una hipotética renovación del CGPJ serviría para resolver de manera inmediata esta situación porque los nombramientos llevan tiempo.

El PP propone cambiar el sistema de elección del CGPJ

El PP registró en el Congreso una proposición de ley para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, de modo que los jueces designen a los vocales de extracción judicial, elevar los requisitos para acceder a cargos en la carrera y evitar las puertas giratorias con la política.

En su iniciativa, el PP considera evidente que el actual modelo de designación parlamentaria de los vocales no goza ni del respaldo de Bruselas ni del “consenso social, jurídico o político” necesario para garantizar los principios de “transparencia e independencia”.

A su juicio, urge un nuevo consenso que fortalezca “los pilares democráticos”, en línea con lo que vienen reclamando tanto la Comisión Europea como el Consejo de Europa.

Plantea así que los doce vocales de extracción judicial sean elegidos por los jueces y magistrados. El Congreso y el Senado seguirían eligiendo a los ocho vocales del turno de jurista por mayoría de tres quintos. Según su propuesta, no podrán aspirar a estos puestos quienes hayan ocupado un cargo electo o político en los últimos cinco años.

Para fortalecer la independencia judicial, plantea dificultar el regreso a la carrera judicial desde la política. Y propone además elevar a diez a 15 años el tiempo de ejercicio profesional exigido para acceder a plazas en las salas de lo civil y lo penal de los tribunales superiores y elimina la intervención de las asambleas legislativas autonómicas en su elección.