La Junta Electoral acata por un voto paralizar la “ley de nietos”

La Junta Electoral Central (JEC) asumió este lunes la orden dictada por el Tribunal Supremo en sus medidas cautelares sobre la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como “ley de nietos” y encargó informes a la Oficina del Censo Electoral y a los registros consulares para, entre otras medidas, verificar la vinculación con el exilio de las personas que hayan obtenido o estén en trámites de obtener la nacionalidad española por esta vía.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal decidió la semana pasada atender las peticiones de Vox y Iustitia Europa y suspendió cautelarmente -hasta que dicte sentencia- el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la citada norma, así como las nuevas altas en el mismo, salvo que acrediten que descienden de exiliados españoles.

En este contexto, el alto tribunal ordenó a la JEC que requiriese de inmediato sobre ese extremo a los encargados de los registros consulares, a los que encarga que “expidan certificación acreditativa de que los beneficiados por la ley de nietos nacieron fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela originariamente españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual y que hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad”.

En su reunión de este lunes, el organismo electoral acordó enviar los autos del Supremo a la Oficina del Censo Electoral del Instituto Nacional de Estadística (INE) para que atienda las peticiones del Alto Tribunal y determine los ciudadanos nacionalizados por la llamada “ley de nietos” que están pendientes de inscripción en el CERA o que ya están inscritos, que tienen suspendidos su derecho al voto hasta que se emita sentencia, y que desglose quiénes cumplieron los requisitos de la ley de 2022 y quiénes siguieron la controvertida instrucción posterior del Ministerio de Justicia.

Y, por otro, se instó a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares para que ordene que los responsables de Registros Consulares expidan la correspondiente certificación acreditativa en los casos de personas que sí demostraron su condición de descendientes de exiliados conforme a la ley.

En la reunión se debatió también si la JEC debía o no interponer un recurso contra el auto del Tribunal Supremo de las medidas cautelares, pero la idea se desechó en una votación dividida. Por siete votos contra seis se decidió no recurrir por razones de eficacia procesal.