Juicio en el Supremo: mucho más que el caso mascarillas

El Tribunal Supremo dejó esta semana visto para sentencia el juicio en el que el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se enfrentan a penas de prisión tras 14 sesiones y más de 70 testigos. Parte de los comparecientes se acogieron a su derecho a no declarar al estar imputados en la Audiencia Nacional en el conocido como caso Koldo.

Durante el proceso, las partes interrogaron a personas del entorno de los acusados para reconstruir su presunta participación en la compra de mascarillas durante la pandemia, la posible existencia de una organización criminal y la contratación de la expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, en empresas públicas.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y aprovechamiento de información privilegiada. Para Aldama pide siete años de prisión, aplicándole la atenuante de confesión tras su reconocimiento parcial de hechos.

Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, elevan las peticiones a 30 años para el exministro y su exasesor, y a cinco años y dos meses para el empresario.

Uno de los ejes del juicio fue la existencia de una supuesta organización criminal. La Fiscalía defendió que los acusados la integraron y que Ábalos ejercía un papel de dirección dentro de la misma. El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, rechazó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuviera relación jerárquica alguna con los hechos.

Luzón destacó que “quien paga, manda”, en referencia al papel atribuido a Aldama, según el análisis de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Estructura transversal

Las defensas negaron la existencia de dicha organización criminal y reclamaron la absolución. La defensa de Aldama sostuvo, además, que la estructura investigada tendría carácter transversal e implicaría a otros responsables políticos, entre ellos Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE e investigado en la Audiencia Nacional.

El negocio

La compra de mascarillas por parte de empresas dependientes del Ministerio de Transportes a Soluciones de Gestión, vinculada al empresario Víctor de Aldama, fue otro de los ejes del juicio y se centró en dos cuestiones principales: el presunto pago de comisiones irregulares y la orden de aumentar un pedido de cuatro a ocho millones de unidades durante el estado de alarma.

Koldo García afirmó que Aldama le había asegurado que podía conseguir material sanitario en plena emergencia. Negó, sin embargo, haber recibido instrucciones sobre la procedencia del material o sobre posibles comisiones. Tanto Koldo como el exministro negaron haber recibido pagos vinculados a la adjudicación del contrato a la empresa de Aldama.

Diez mil euros al mes procedentes de mordidas

El empresario Víctor de Aldama aseguró en su declaración judicial que entregaba 10.000 euros mensuales al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García con dinero procedente, según dijo, de adjudicaciones de obra pública obtenidas de forma irregular desde el Ministerio.

Durante su comparecencia, Aldama explicó que comenzó a recibir pagos en efectivo de empresas beneficiadas por contratos públicos y que posteriormente entregaba parte de ese dinero tanto en dependencias ministeriales como en la vivienda de Ábalos en el madrileño barrio de El Viso.

“Se empiezan a dar contratos y las empresas empiezan a pagarme en efectivo y yo empiezo a llevar dinero, hago entregas en el Ministerio y en la casa de Ábalos en El Viso. Esto era constante porque empieza una ruleta, empiezan a caer licitaciones”, declaró.

Tanto José Luis Ábalos como Koldo García negaron ante los jueces haber recibido cantidades procedentes de comisiones ilegales y defendieron versiones alternativas sobre el origen y manejo de su patrimonio y del dinero en efectivo investigado.

"¡Qué barato soy!"

Koldo sostuvo que utilizaba efectivo derivado de su actividad como asesor y explicó que adelantaba gastos relacionados con el Ministerio de Transportes y con la Secretaría de Organización del PSOE, cantidades que después, según afirmó, le eran reintegradas en metálico. Añadió que también gestionaba gastos personales de Ábalos.

Por su parte, el exministro discrepó de los cálculos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que le atribuye 94.000 euros sin declarar durante una década. “He hecho las cuentas y sale bastante menos”, afirmó, antes de añadir que “si hubiera dinero, aflora”.

En su última palabra ante el tribunal, Ábalos volvió a rechazar haber cobrado mordidas y respondió irónicamente a las acusaciones: “10.000 euros mensuales a repartir, ¡qué barato soy!”.