La jueza lleva a juicio al hermano de Pedro Sánchez aunque la Fiscalía se opone
El proceso involucra a once personas, incluido el presidente de la Diputación de Badajoz, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias
El Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz ha dictado la apertura de juicio oral contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz, y otras nueve personas. El caso se centra en una supuesta adjudicación irregular de un puesto público en la Diputación pacense, investigada por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
El auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, determina que será un Juzgado de lo Penal de Badajoz el encargado de juzgar la causa, según el turno legal correspondiente. La jueza Beatriz Biedma sostiene que no procede archivar el caso, respaldándose en fundamentos ya expuestos en el procedimiento abreviado anterior.
Uno de los aspectos destacados es que la decisión de abrir juicio oral parte únicamente de la acusación popular, ya que el Ministerio Fiscal ha solicitado el sobreseimiento. No obstante, la jueza recuerda que existe una doctrina consolidada del Tribunal Supremo que valida esta actuación cuando se trata de bienes jurídicos colectivos y no hay un interés particular que pueda personarse.
En esta fase del proceso, no se ha establecido aún una cuantía para las eventuales responsabilidades civiles, motivo por el cual no se ha fijado fianza para los acusados. Entre los procesados también figuran el exasesor de Moncloa Luis María Carrero Pérez y el diputado de Cultura de la Diputación, Ricardo Cabezas Martín.
En otro auto dictado este jueves, la jueza desestima el recurso presentado por David Sánchez contra su procesamiento, reafirmando la existencia de indicios de delito. La magistrada critica el tono de los recursos presentados, que, según señala, se asemejan más a los dirigidos contra sentencias que a los propios de la fase de instrucción. Recuerda que las verdaderas pruebas se presentarán en el juicio, donde se garantizarán principios como la publicidad, la oralidad y la contradicción.
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