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El juzgado de Primera Instancia número 44 de Madrid ha dictado esta sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, que señala a la aseguradora como responsable del pago de esa compensación, toda vez que la empresa está en concurso de acreedores desde poco después del cierre.
La causa principal por el cierre de esas clínicas se instruye en el Juzgado de Primera Instancia a Instrucción número 4 de Navalcarnero (Madrid), que investiga al dueño de Funnydent, Cristóbal López Vivar, por presuntamente estafar 8,8 millones a más de 2.400 pacientes.
Pero, al margen de ese procedimiento, uno de los afectados, representado por el abogado Luis Velasco, demandó a la aseguradora que cubría la responsabilidad civil de la actividad de las clínicas.
Ahora, en una sentencia contra la que cabe recurso, el juez da la razón al cliente y obliga a la aseguradora a abonarles más de 10.000 euros.
El hombre recibió un presupuesto de 4.400 euros, de los que abonó 3.400 euros y solo recibió tratamiento por importe de 1.710 euros antes del cierre de las clínicas. Por ello, presentó una reclamación ante la Oficina del Consumidor de Alcobendas y una denuncia ante la Policía.
Además del dinero que perdió, denunció haber sufrido una "notable pérdida de su calidad de vida" porque se le extrajeron una serie de piezas que no se le implantaron posteriormente, lo que le impedía incluso masticar, además de la alteración estética que conllevó.
El informe pericial presentado por el demandante cifró la cantidad que debía recibir en 10.750 euros y el juez le ha dado la razón.
El despacho que lo ha representado Velasco & Asociados cree que esta sentencia abre una puerta para que todos los afectados puedan reclamar los daños y perjuicios sufridos e incluso recuperar las cantidades abonadas.
Los clientes de Funnydent ya recibieron decenas de sentencias favorables en sus reclamaciones contra las empresas con las que habían financiado tratamientos que no se habían llevado a cabo.
La causa penal que se sigue en el juzgado de Navalcarnero, sin embargo, avanza lentamente después de que la jueza decretara el archivo del caso, una medida revocada posteriormente por la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó seguir investigando.
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