El juez Castellón cierra el cerco sobre Iberdrola

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón decidió revocar la condición de querellante que Iberdrola tenía en la causa sobre los presuntos encargos al excomisario José Villarejo, y prorrogó durante seis meses, hasta el próximo 29 de julio, el plazo de investigación. El magistrado entiende que la querella por falsedad que Iberdrola presentó contra José Antonio del Olmo, el exdirectivo que advirtió de supuestas irregularidades en el pago de las facturas a Villarejo, “debe posponerse”, y abre la puerta para que se aplique a éste la doctrina europea del “whistleblowing” o de protección al denunciante.

En un auto conocido ayer, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 considera que “mal casa la pretensión de la compañía de sostener la falsedad de una documentación con la situación procesal de su presidente”, en alusión a Ignacio Sánchez Galán, que recientemente declaró como investigado. Y es que, prosigue, “pretende introducir las alegaciones” de Del Olmo, exresponsable de Control Corporativo de la multinacional, “en otro procedimiento, en el que se reconoce la realidad de la documentación que guardaba en su poder y que la empresa entiende que son falsos”.

Todos estos extremos muestran, según el juez, “notables carencias” en el fundamento de la denuncia por presunta falsedad documental, cuyo futuro “ahora debe posponerse como también deberá posponerse cualquier pronunciamiento sobre la acumulación de otros hechos”. Esta circunstancia hace que Iberdrola pierda “irremediablemente” su condición de querellada, añade García Castellón, que pide opinión a la Fiscalía Anticorrupción y a las partes sobre el posible reconocimiento a Del Olmo de la figura del “whistleblower”, incluida en la directiva sobre protección de las personas que informen de delitos.

El magistrado también amplía el plazo de instrucción de esta pieza separada del denominado caso Villarejo, que trata de esclarecer si Iberdrola contrató al excomisario por un total de un millón de euros entre 2004 y 2012 para, entre otras cosas, infiltrarse en plataformas contrarias a sus intereses o investigar a un accionista crítico con su gestión.

BATERÍA DE DILIGENCIAS

El objetivo, asegura, es practicar una batería de nuevas diligencias para completar la investigación de la causa, entre ellas, citar como testigos a quince personas. En la lista figura el nombre del comisario Enrique García Castaño, que comparecerá con la garantía de investigado por tener esta condición en otras piezas y al estar prescritas sus responsabilidad en los hechos que afectan a la eléctrica.