El juez del “caso Begoña” solicita al Supremo que impute a Bolaños por malversación
El magistrado Juan Carlos Peinado aprecia indicios de responsabilidad penal en el ministro por el nombramiento de una asesora de la esposa del presidente
El juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha remitido una exposición razonada al Tribunal Supremo solicitando que se investigue al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por posibles delitos de malversación de fondos públicos y falso testimonio en el marco del caso Begoña Gómez.
Según el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado considera que existen indicios suficientes de responsabilidad penal por parte de Bolaños en relación con el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora eventual para la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, también investigada en la causa.
El juez Peinado señala que Cristina Álvarez fue contratada como directora de programas para asistencia a la esposa del presidente, pero que en la práctica habría desempeñado funciones de carácter estrictamente privado, desvinculadas de actividades públicas o protocolarias. Pese a ello, su sueldo habría sido abonado con cargo al erario público, lo que podría constituir una malversación de caudales.
Además, el instructor del caso sostiene que el ministro Bolaños mintió en su declaración como testigo prestada bajo juramento el pasado 16 de abril de 2025. Según el juez, el titular de Justicia "no ha contestado a la verdad, que conocía", lo que podría encajar en el delito de falso testimonio en causa judicial.
Debido a su condición de aforado, corresponde al Tribunal Supremo decidir si inicia una investigación formal contra el ministro. El juez remarca que los hechos guardan una "íntima conexión" con las diligencias que se instruyen en el caso Begoña Gómez, centrado en las actividades públicas y privadas de la esposa del presidente del Gobierno.
El envío de esta exposición razonada al alto tribunal abre un nuevo capítulo político y judicial que podría tener importantes repercusiones para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en un momento especialmente delicado.
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