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El juez aprecia prevaricación y cohecho en el PP de Valencia
El juez instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, acordó ayer la inhibición parcial a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) de la investigación que sigue para su unión a las diligencias previas que se instruyen en dicho tribunal por un presunto delito de cohecho impropio, según un auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En el auto, el juez esgrime que esta decisión está encaminada a evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los informes sobre las pretendidas relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración Públic
El magistrado ve indicios de delitos electorales correspondientes a las elecciones celebradas en la Comunidad Valenciana el 27 de mayo de 2007, de financiación irregular en la contratación entre Orange Market y la Administración valenciana y cohecho propio por regalos percibidos por cargos de la cúpula de Francisco Camps.
El juez también advierte que de los informes de la Agencia Tributaria se desvela que otros hechos de la facturación de Orange Market desvelan un posible delito electoral vinculado a las elecciones de 2008, las elecciones generales. Asimismo, destaca en el auto las numerosas irregularidades en la contratación de las empresas dirigidas por Francisco Correa y la Administración Valenciana durante los años 2004 a 2009, las que podrían ser constitutivas de delitos de prevaricación.
CONEXIÓN ENTRE LOS DELITOS
La inhibición se realiza después de que el Supremo reabriera la causa contra Camps y ante la posibilidad de que haya una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Así, el juez pide la acumulación de los delitos electorales sobre las elecciones celebradas en la Comunidad valenciana el 27 de mayo de 2007. Esgrime que estos delitos están vinculados con el pago de servicios prestados por Orange Market al PPCV durante la campaña electoral de los citados comicios. En el auto, el juez solicita la acumulación al TSJCV por causa de conexidad de los delitos investigados contra la Administración pública cometidos en la contratación entre Orange Market y la Administración valenciana.
El auto resalta asimismo que 'la correcta calificación jurídica de los hechos atribuidos a los imputados en el procedimiento' de Valencia impone 'su investigación conjunta con la contratación de Orange Market, tanto con el PP de Valencia como con la Administración de dicha comunidad', a fin de 'comprobar la relación entre los regalos investigados en el procedimiento tramitado ante el TSJ de Valencia y los cargos que ocupaban en el PP y en la Generalitat valenciana Rafael Betoret --ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo--; Víctor Campos --ex vicepresidente del Consell de la Generalidad--; Ricardo Costa --ex secretario general del PP y diputado regional de Valencia-- y Francisco Camps, presidente de la Generalitat'.
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