El Poder Judicial acuerda iniciar el proceso para expedientar al juez Peinado

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado remitir al promotor de la acción disciplinaria un auto del juez Juan Carlos Peinado para analizar si sus manifestaciones sobre los escoltas de Begoña Gómez podrían constituir una falta grave de desconsideración.

La decisión fue adoptada este lunes por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, después de varios días de debate interno y tras las quejas formuladas por el Ministerio del Interior.

La controversia surge a raíz de un auto de 84 páginas dictado por Peinado en el marco de la investigación que dirige sobre Gómez. En esa resolución, el magistrado sostuvo que los agentes encargados de su protección podrían, “por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores”, colaborar en una eventual huida que impidiese su puesta a disposición de la Justicia.

Estas afirmaciones provocaron una inmediata reacción del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien trasladó una queja formal a la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló.

Posible infracción disciplinaria

La remisión del asunto se fundamenta en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contempla como falta grave el exceso o abuso de autoridad o la falta grave de consideración hacia ciudadanos, instituciones o miembros de la Policía Judicial, entre otros colectivos.

Según fuentes jurídicas, la decisión fue aprobada por mayoría gracias al voto de calidad de Perelló, aunque cuatro vocales expresaron su desacuerdo mediante un voto particular.

La actuación del promotor disciplinario no implica la apertura automática de un expediente sancionador, sino el inicio de un análisis para determinar si existen indicios suficientes para continuar la tramitación.

Interior defiende la actuación policial

Desde el Ministerio del Interior consideran que las afirmaciones del magistrado cuestionan de forma injustificada la profesionalidad de los agentes encargados de la protección de Gómez y de sus mandos.

Grande-Marlaska calificó las manifestaciones como un hecho de “máxima gravedad” y defendió que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se desarrolla siempre dentro de los parámetros de legalidad y bajo los principios propios del Estado de Derecho.

Nuevas diligencias en la causa

Mientras tanto, la investigación judicial continúa avanzando. En una reciente providencia, Peinado citó a Begoña Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, para que entreguen sus pasaportes en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid.

El magistrado mantiene abiertas varias líneas de investigación relacionadas con la actividad profesional de la esposa del presidente del Gobierno y con personas de su entorno.

No es la primera vez que la actuación de Peinado llega a los órganos de gobierno judicial. El CGPJ ya archivó anteriormente varias quejas presentadas contra el magistrado, aunque algunas actuaciones derivadas de denuncias formuladas por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, continúan siendo objeto de análisis interno.

La decisión adoptada ahora abre un nuevo capítulo en el debate sobre la actuación del instructor y el alcance de sus resoluciones dentro de una de las causas con mayor repercusión política y mediática de los últimos meses.