La infanta alega que se desentendió de Aizoon porque 'confiaba' en Urdangarin

Durante el detallado interrogatorio de Castro, el primer juez que imputa a un miembro de la Familia Real española, la infanta admitió que hizo gastos personales con la tarjeta de Aizoon porque entendía que no era ilegal y detalló que dispone de tres o cuatro tarjetas de crédito. La infanta negó que ella o su marido tengan ninguna cuenta en paraísos fiscales y que el motivo de su presencia en la empresa que compartía con su marido fuese actuar de escudo ante Hacienda, algo que hubiera rechazado por principio.

También a instancias del magistrado, aseguró que cuando el asesor del rey José Manuel Romero le pidió en 2006 a Urdangarin que abandonara el Instituto Nóos, ella entendió que se trataba de evitar la mala imagen que podía acarrear que la entidad se viera envuelta en polémicas políticas, pero no pensó que su marido hiciera nada ilícito.

De hecho, defendió que su esposo es un hombre escrupuloso en sus actividades y que actuó de manera correcta. Asimismo, la infanta manifestó que los 1,2 millones de euros que recibió de su padre para la compra de la casa del matrimonio en Barcelona son un préstamo que está devolviendo poco a poco.

ANTICORRUPCIÓN

Tras el interrogatorio del juez, que fuentes jurídicas coincidieron definir como 'exhaustivo', doña Cristina respondió a más de un centenar de preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, que se opuso a la imputación al entender que no existe ningún indicio de que pudiera haber cometido delito fiscal y blanqueo de capitales. En un gesto de reproche a Castro, Horrach exhibió a la declarante el auto en el que el magistrado rechazó la imputación cuando la solicitó hace dos años el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, una resolución en la que el juez aseguraba que no había ninguna razón para imputarla.

A preguntas del ministerio público, la infanta dijo coincidir con las razones para no imputarla que entonces expuso el magistrado, quien, en réplica, le preguntó por los otros argumentos que esgrimió posteriormente para sostener su citación como imputada.

En sus respuestas a la Abogacía del Estado, reafirmó que era completamente ajena a la gestión fiscal de Aizoon y que su propia declaración de la renta se la hace desde siempre un asesor de la Casa Real.

Después, la infanta anunció que no iba a responder a las acusaciones populares y se puso a disposición de su defensa, que le preguntó por sus ocupaciones como madre de familia y empleada de La Caixa y por el centenar de actos oficiales a los que asistía cada año para poner de relieve que no tenía tiempo para dedicar a Aizoon.

Incidió en que nunca participó en las juntas de la empresa familiar y, cuando se exhibieron seis actas de estas reuniones, aseguró que la firma que figura bajo el nombre de Urdangarin no es de su marido.

LA DEFENSA

Al término de la declaración, los abogados de la infanta Miquel Roca y Jesús María Silva afirmaron que doña Cristina declaró ante el juez 'su propia verdad', demostró que es 'inocente' de todas sus imputaciones y que 'todos somos iguales ante la ley'.

Roca se mostró 'muy satisfecho' con la declaración de doña Cristina porque 'le ha sido posible explicar con todo detalle, pregunta a pregunta, con todo el escrúpulo y la meticulosidad necesaria, cuál ha sido su intervención' en los hechos.

Mientras, Jesús Silva expresó su confianza en que el juez 'acabe sobreseyendo las actuaciones' contra doña Cristina por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales.

La abogada de la acusación popular Manos Limpias, Virginia López Negrete, afirmó que la situación de la infanta Cristina en el caso Nóos 'es peor que esta mañna' (por la de ayer) tras una declaración en la que, en su opinión, se escudó en 'el amor' a su marido para explicar su participación con él en la empresa familiar Aizoon. Para la abogada, la infanta 'no ha concretado absolutamente nada ni ha dado ningún tipo de explicación'.

La Fiscalía Anticorrupción se reafirmó en que la citación era innecesaria porque 'no tiene sentido atribuir a la infanta un delito fiscal por el impuesto de sociedades porque Aizoon era una empresa pantalla sin actividad real y tampoco podría ser acusada de fraude en el IRPF porque las rentas canalizadas a través de la empresa familiar las generaba su esposo'.