Gobierno y Junts pactan la reforma de la Ley de Extranjería y el reparto de menores migrantes

Cataluña recibirá entre 20 y 30 menores a de los 4.400 que debían repartirse ahora, mientras que a Madrid se prevé que lleguen 700

Publicado: 18 mar 2025 - 10:22 Actualizado: 18 mar 2025 - 10:25

Cayuco en el que llegaron recientecemente migrantes a Canarias.
Cayuco en el que llegaron recientecemente migrantes a Canarias. | Salvamento Marítimo

El Gobierno y Junts han cerrado el acuerdo para reformar el artículo 35 de a Ley de Extranjería, que afecta al reparto de menores migrantes. A Canarias no dejan de llegar cayucos, lo que la convierte en una zona tensionada. De los más de 5.000 niños y adolescentes a los que tutela, según han informado diversas fuentes gubernamentales, en el nuevo reparto se prevé que 20 o 30 vayan a Cataluña y 700 a Madrid.

El Ejecutivo tiene previsto aprobar este mismo martes el decreto de modificación. La medida incluye que las comunidades autónomas que han estado por encima de la media de plazas estructurales que deben tener --como es el caso de Cataluña, según apuntan fuentes de Junts-- reciban también una compensación económica "adecuada".

Tras meses de negociaciones entre ambas partes, en los últimos días se han acercado posiciones con un texto en el que, según la formación que preside Carles Puigdemont, se establecen criterios "justos y equilibrados" para afrontar la situación humanitaria de estos menores y para facilitar su integración.

Entre los criterios establecidos para el reparto de los menores se ha tenido en cuenta el peso poblacional, pero también el "esfuerzo" que ha hecho Cataluña en los últimos años, según las mimas fuentes.

Así, el reparto se realizará entre aquellas comunidades que hasta ahora no habían acogido o habían hecho un esfuerzo menor, con lo que finalmente llegarán entre 20 y 30 menores a Cataluña de los 4.400 que debían repartirse ahora, mientras que a Madrid se prevé que lleguen 700.

Para Junts, el acuerdo evidencia que se mantienen firmes en la defensa de un modelo "que no penalice a las comunidades más solidarias" y que asegure un trato justo para las partes implicadas.

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