El Gobierno intenta la 'toma' del Constitucional

El grupo socialista y Unidas Podemos han aprovechado la reforma del Código Penal para introducir enmiendas que permitan sortear el bloqueo que un grupo de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está haciendo para impedir la renovación del Tribunal Constitucional.

Se trata de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que incluso introduce la posibilidad de castigar con responsabilidades penales a aquellos vocales que incumplan la ley, como está ocurriendo en estos momentos. Porque el texto pactado por el PSOE y Unidas Podemos establece un mandato imperativo y un calendario para la renovación de los dos magistrados del TC que competen al Consejo General del Poder Judicial. Para ello, también se propone la reforma de la ley que regula el funcionamiento del Constitucional.

El propósito es dar una alternativa al modelo actual, que implica un acuerdo de tres quintos de los vocales del CGPJ, si no se alcanzara dicho consenso en el plazo de tres meses desde que finalice el mandato de los magistrados salientes. En ese momento, se optaría por un sistema de votación individual en el que resultarían elegidos los candidatos con más apoyos. En la enmienda se añade que no es necesario un quorum mínimo y que habrá una única votación, que no será secreta.

También se introducen plazos concretos para evitar el bloqueo: el presidente del CGPJ deberá convocar el proceso en cinco días desde que se cumplan esos tres meses, cada vocal propondrá como máximo un candidato, se convocará un pleno en tres días para la votación y serán elegidos los dos más votados. Para reforzar el carácter imperativo de esta norma, se prevé exigir “responsabilidades de todo orden que se deriven del ordenamiento jurídico, incluidas las penales” a quienes incumplan la ley.