El Gobierno endurece ahora las leyes de extranjería y asilo

El Consejo de Ministros aprobó este martes los anteproyectos de una nueva ley de asilo y de reforma de la Ley de Extranjería, con el objetivo de adaptar el marco jurídico español al Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde junio. El Gobierno prevé recabar ahora los informes del Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y distintos organismos sociales antes de remitir ambos proyectos al Congreso.

El Pacto Europeo está integrado por nueve reglamentos de aplicación directa y una directiva sobre las condiciones de acogida de los solicitantes de protección. El nuevo marco obliga a España a adaptar sus procedimientos y mecanismos de control a estas normas comunitarias.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió un enfoque “garantista” y de respeto a los derechos humanos, combinado con la necesidad de gestionar las fronteras y garantizar la seguridad. La nueva ley de asilo actualizará las definiciones de protección internacional, estatuto de refugiado y protección subsidiaria e incorporará expresamente situaciones de persecución vinculadas al género, la identidad o expresión de género y la discapacidad.

La norma establecerá tres vías para tramitar las solicitudes: el procedimiento ordinario, uno de examen y aceleración y otro que deberá resolverse en un máximo de tres meses. Además, creará un procedimiento específico en frontera, con un plazo máximo de resolución de 12 semanas. Durante ese periodo, los solicitantes deberán permanecer a disposición de las autoridades.

Marlaska aseguró que este sistema permitirá reducir los tiempos de tramitación sin limitar los derechos de quienes soliciten protección internacional y permitirá atender de forma específica las situaciones de vulnerabilidad.

La reforma de Extranjería incorporará el denominado “triaje” para las personas que crucen las fronteras de forma irregular sin haber pasado controles de entrada. El proceso incluirá identificación, recogida de datos biométricos, reconocimiento médico, evaluación de vulnerabilidad e inspección de seguridad, además de la derivación al procedimiento correspondiente.

El nuevo “triaje” será obligatorio y España mantendrá en 72 horas el tiempo máximo previsto para estas actuaciones, frente a los siete días que permite la normativa europea.

La reforma también incorporará el procedimiento fronterizo de retorno previsto en el pacto europeo para quienes entren irregularmente y no tengan derecho a protección internacional. Las personas cuya solicitud sea rechazada recibirán la correspondiente notificación, junto con la denegación de entrada y la obligación de abandonar España.