El Gobierno catalán rechaza el uso del castellano en la escuela

El Gobierno catalán aprobó ayer un decreto ley que fija explícitamente la “inaplicación” de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza como respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir un 25% de clases en castellano. Lo anunció su portavoz, Patricia Plaja, en rueda de prensa después de que el Ejecutivo catalán se reuniese de forma extraordinaria para aprobar este decreto el día antes de que finalice el plazo del TSJC para aplicar la sentencia.

El decreto también atribuye a la Consejería de Educación la potestad de validar y asumir “la responsabilidad sobre la legalidad” de los proyectos lingüísticos de los centros educativos para proteger a las escuelas y a los docentes. La intención inicial era que antes de aprobar este decreto el Parlamento autonómico diera luz verde a la ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria que pactaron el PSC, ERC, Junts y los comuns, y que quedara aprobada esta doble respuesta a la sentencia del 25% antes del plazo fijado por el TSJC.

Sin embargo, la petición de Vox, Cs y el PP de dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) retrasó la aprobación de la ley del catalán en el Parlament y el Gobierno catalán decidió anticiparse e impulsar el decreto antes de finalizar el plazo del TSJC.

Así, una vez aprobado en el Consejo extraordinario el decreto ley será plenamente válido cuando lo publique el Diario Oficial de la Generalitat, y aseguró que hoy la Generalitat dará las instrucciones “muy claras y con muy poco margen de duda” a los centros educativos para aplicarlo.

CALLEJÓN SIN SALIDA

Plaja destacó que este decreto permite salir del “callejón sin salida” que considera que supone la sentencia del 25% de castellano, y al ser preguntada por si cree que deja sin efecto esta sentencia, contestó que esta nueva norma da respuesta a esta decisión judicial y protege el modelo de escuela catalana. “Habrá que ver si esta judicialización no tiene fin y esto va a otras instancias”, añadió, y recalcó que el decreto tiene toda la validez jurídica y da cobertura a los centros educativos.

La portavoz argumentó que con este decreto ahora hay un nuevo marco normativo que “fija cuáles son los criterios y los límites de la escuela catalana”, y considera que se garantizará que las decisiones judiciales no afecten al funcionamiento de la enseñanza en Cataluña. El decreto ley, firmado por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, expone en su primer artículo que el objetivo de esta iniciativa es fijar los “criterios aplicables” en los proyectos lingüísticos de las escuelas.

El segundo establece que el primero de estos criterios es que el catalán debe ser la “lengua propia, lengua normalmente utilizada, lengua vehicular y de aprendizaje, y lengua de uso normal en la acogida del alumnado”.