El Gobierno y Bildu pactan transferir Tráfico a Navarra
El acuerdo es una de las condiciones de la formación abertzale para apoyar los Presupuestos
El acuerdo de EH Bildu con el Gobierno para que esta formación apoye los Presupuestos Generales del Estado para 2023 incluye, entre otros puntos, transferir la competencia de tráfico a Navarra antes del 31 de marzo del próximo año. Según informó EH Bildu, “se transferirá de manera efectiva, antes de 31 de marzo de 2023, la competencia de Tráfico y Seguridad Vial a la Comunidad Foral de Navarra, convocando para ello la Junta de Transferencias antes de 31 de diciembre 2022, debiendo producirse cuantas reuniones sean necesarias para solucionar los actuales problemas técnicos para la transferencia de la misma”.
EH Bildu confirmó ayer el apoyo de sus cinco diputados al proyecto presupuestario de 2023, que suma así los 174 votos que garantizan su aprobación en el Congreso por mayoría simple para su paso al Senado. La portavoz parlamentaria de la formación, Mertxe Aizpurua, explicó en una rueda de prensa que el acuerdo cerrado con el Gobierno incluye extender a diciembre de 2023 la limitación en la subida de los alquileres y el aumento de las pensiones no contributivas.
También recoge que “en los gravámenes de nueva creación energéticos y de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito, se establece la participación de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra mediante acuerdo de la Comisión Mixta del Concierto Económico y la Comisión Coordinadora del Convenio Económico respectivamente, en un plazo máximo de tres meses, para la gestión de la recaudación de los mismos, respetando así el autogobierno y las competencias fiscales de las Haciendas forales vascas y navarra”.
Asimismo, antes de la finalización de la aplicación estipulada de dos años, el Gobierno realizará un estudio de los resultados de los gravámenes a las eléctricas, banca y grandes fortunas, para evaluar su mantenimiento con carácter permanente.
Otro punto del acuerdo es que se destina un millón de euros para la Universidad Pública de Navarra para la culminación del campus sostenible e inteligente Green Smart & Sustainable Campus de la UPNA.
En materia de memoria e historia se pactó destinar 300.000 euros para financiar y proseguir con los trabajos de excavación e investigación llevados a cabo por la sociedad de ciencias Aranzadi en el monte Irulegi del Valle de Aranguren, donde recientemente se ha hallado la denominada como “mano de Irulegi”.
Además, ambas partes acordaron destinar una aportación inicial de 3 millones de euros para convertir el Fuerte de San Cristóbal “en lugar de memoria, dando continuidad al acuerdo alcanzado en el marco de la Ley de Memoria Democrática por el que se declaró la cesión de uso del actual emplazamiento al Gobierno de Navarra”.
Más de 200 agentes de la Guardia Civil afectados
Varias asociaciones de la Guardia Civil reclamaron una “solución” para los más de 200 agentes que se verán afectados por la transferencia de las competencias de Tráfico a Navarra tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y EH Bildu, en el que se estableció como fecha límite para esa transferencia el 31 de marzo del próximo año.
El Ejecutivo llegó a un acuerdo con la formación nacionalista vasca para que apoye los Presupuestos Generales del Estado para 2023, y esa pacto incluye, entre otros puntos, transferir la competencia de Tráfico a Navarra antes de la citada fecha, según se hizo público ayer.
La asociación mayoritaria en el Consejo de la Benemérita, Jucil, destacó que muchos de esos agentes nacieron o residen desde hace años en Navarra, y esta “decisión política” les puede obligar a cambiar de destino o domicilio, además de “afectar a la seguridad” de los ciudadanos.
El portavoz de Jucil, Agustín Leal, señaló que el Gobierno afirmó este acuerdo para “conservar la precaria posición que les permite seguir en el poder” y los primeros perjudicados son los efectivos de la Guardia Civil de Tráfico destinados en la Comunidad Foral.
Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) exigió al Ministerio del Interior que dé explicaciones “urgentes” sobre lo que consideran un “chantaje”.
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