El Gobierno aprueba la regularización extraordinaria de inmigrantes

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto de modificación del Reglamento de Extranjería que pone en marcha un proceso de regularización extraordinaria destinado a personas migrantes que ya residen en España. La medida, según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, busca facilitar la integración de quienes ya viven en el país en situación administrativa irregular.

El Ejecutivo defiende que la iniciativa tiene base social, política y económica, al apoyarse en una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas y por el Congreso de los Diputados, además de contar con el respaldo de diversos sectores sociales y productivos.

Cuándo y cómo se podrá solicitar

El calendario previsto establece que el decreto se publicará en el Boletín Oficial del Estado el 15 de abril, y que las solicitudes podrán presentarse a partir del 16 de abril de 2026 de forma telemática, mientras que la atención presencial con cita previa comenzará el 20 de abril. El plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026.

Para acceder al proceso se exigirán tres condiciones principales: haber estado en España antes del 1 de enero de 2026, acreditar una permanencia continuada mínima de cinco meses en el momento de la solicitud y no contar con antecedentes penales. En el caso de solicitantes de protección internacional, bastará con haber presentado la solicitud antes de esa fecha.

Un sistema reforzado con 450 oficinas

El plan de implementación prevé la apertura de 450 oficinas de atención presencial y un sistema de tramitación digital operativo las 24 horas del día. Además, se incorporará un refuerzo de personal con más de 600 trabajadores adicionales para gestionar el volumen de solicitudes.

El Gobierno sostiene que el objetivo es garantizar un procedimiento ágil y ordenado, sin interferir en el funcionamiento habitual de la administración.

Argumentos económicos y demográficos

El Ejecutivo defiende la medida también desde el punto de vista económico, señalando que los trabajadores extranjeros tienen un peso relevante en sectores como la hostelería, la agricultura, la construcción o el transporte.

Según los datos aportados, una parte significativa del empleo creado en los últimos años estaría vinculada a población extranjera, y diversos organismos nacionales e internacionales apuntan a la necesidad de inmigración laboral para sostener el mercado de trabajo y el sistema de bienestar en un contexto de envejecimiento demográfico.

El Gobierno rebate las críticas

El texto difundido por el Ministerio también responde a varias críticas habituales sobre este tipo de procesos. Niega que exista un “efecto llamada”, afirma que no habrá colapso administrativo y rechaza que la medida suponga un abuso de servicios públicos o un impacto negativo en el mercado de la vivienda.

Asimismo, sostiene que la regularización es compatible con el marco jurídico europeo y que cada Estado miembro tiene capacidad para regularizar a personas que ya residen en su territorio.

El procedimiento se plantea como una de las mayores regularizaciones de los últimos años en España, con impacto directo en la situación legal de miles de personas que ya viven en el país.