La Fiscalía pide archivar la causa contra el hermano de Pedro Sánchez

La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Provincial de Badajoz que archive la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por su contratación en la Diputación de Badajoz. El Ministerio Público no aprecia indicios suficientes para continuar con el proceso judicial.

En un extenso escrito de más de 100 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía recurre el procesamiento dictado por la jueza Beatriz Biedma el 28 de abril, que también afectaba al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y a otros implicados.

El Ministerio Fiscal sostiene que no existen "indicios racionales de criminalidad" y que la imputación parte de conjeturas sin base fáctica sólida. Para la fiscal, el puesto no fue creado expresamente para favorecer a Sánchez.

Según el escrito, las deducciones de la jueza carecen de "coherencia interna" y no se detallan de manera sistemática los elementos que justificarían un delito de prevaricación. La fiscal también señala contradicciones en la narrativa del auto.

Declaraciones de testigos en sede judicial indican que la creación del puesto de coordinador de Conservatorios fue razonable y que David Sánchez sí cumplió con sus funciones, descartando que se beneficiara ilícitamente del cargo.

Actuación dentro de la legalidad

La Fiscalía defiende que las decisiones organizativas de la Diputación gozan de discrecionalidad, y no se han detectado irregularidades ni quejas por parte de otros candidatos en el proceso de selección.

Sobre la contratación de Luis Carrero, exasesor de Moncloa, se descarta que haya delito. La supuesta relación cercana con Sánchez y un correo previo a su contratación no bastan, según la Fiscalía, como prueba de trato de favor.

Se asegura que los procedimientos de selección fueron transparentes y que no hubo elementos que condicionaran el resultado. No se encontraron bases manipuladas para favorecer a un candidato concreto.

Evitar un juicio innecesario

La Fiscalía concluye que no procede llevar el caso a juicio, ya que incluso si se probaran los hechos, no encajarían en un tipo penal. Por tanto, prolongar el proceso carecería de sentido y causaría un perjuicio a todas las partes.