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La Fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron ayer a un tribunal de apelación del Supremo que amnistíe la malversación al expresidente catalán Carles Puigdemont. En el caso de la fiscal, consideró que el magistrado instructor del “procés”, Pablo Llarena, -así como la Sala de lo Penal- se “inventa” que los encausados experimentaran un enriquecimiento personal al cargar al erario público la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Así se pronunciaron en la vista pública celebrada ayer para la exposición de los recursos de apelación presentados contra la decisión del Llarena de no aplicar la ley de amnistía a los procesados en rebeldía. La Sala de Apelaciones, conformada por Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Polo, escuchó también a la acusación popular ejercida por Vox y a las defensas.
La vista tiene lugar después de que el pasado julio Llarena rechazara aplicar la amnistía al delito de malversación por el que están procesados Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig. Las defensas recurrieron aquella en reforma, pero el magistrado se ratificó en su postura dos meses después, en septiembre. Finalmente, presentaron un nuevo recurso, que defendieron ayer.
La teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, se mostró a favor de que el tribunal estime dichos recursos y les aplique la amnistía. “Cualquier persona que sepa leer las normas y que conoce los hechos de esta causa sabe que caen dentro del ámbito objetivo y temporal de la ley”, señaló, al tiempo que defendió que no se puede “pretender obviar” la aplicación de la norma.
La Fiscalía defendió que la actuación de Puigdemont, Comín y Puig es amnistiable porque ni hubo enriquecimiento personal ni afectaron los intereses financieros de la Unión Europea. “Señalar que los actos se realizaron para obtener un beneficio personal patrimonial es cuanto menos sorprendente”, manifestó. Además, reiteró que “no han sido empleados fondos europeos”. “Los fondos pertenecían a la Generalitat exclusivamente y esto está acreditado hasta la saciedad en la causa”, apuntó. Así, Sánchez Conde defendió la postura de la Fiscalía, que desde el pasado junio sostiene que se deben amnistiar la malversación y la desobediencia que se les atribuye al entender que no hacerlo “dejaría vacío de contenido lo dispuesto” en la norma.
Ayer también se pronunció la Abogacía del Estado, que pidió al tribunal de apelación del Supremo que estime los recursos de apelación que presentaron Puigdemont, Comín y Puig.
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