La Fiscalía avala que la Audiencia Nacional investigue la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha mostrado a favor de que este tribunal investigue la entrada masiva e irregular de inmigrantes en Ceuta, al considerar que los principales efectos de lo sucedido se produjeron en territorio español. El Ministerio Fiscal entiende que la Audiencia Nacional es competente para asumir el caso y ha solicitado además a la jueza María Tardón que declare el secreto parcial de las actuaciones por la concurrencia de "razones excepcionales".

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha trasladado esta posición a Tardón, que abrió diligencias previas después de una denuncia presentada por la organización Iustitia Europa y había solicitado a la Fiscalía que determinase qué órgano judicial debía hacerse cargo de la investigación.

El Ministerio Fiscal considera determinante que el resultado principal que se investiga, la entrada masiva e irregular de personas, se produjo en Ceuta, aunque una parte sustancial de la planificación se habría desarrollado en Marruecos.

Planificación en Marruecos y ejecución en Ceuta

Según la Fiscalía, los indicios disponibles apuntan a que parte de la planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica de la acción se habría desarrollado en territorio marroquí. Sin embargo, la ejecución material y los efectos más relevantes tuvieron lugar en territorio español.

El Ministerio Público sostiene que esta circunstancia, unida a la naturaleza de los hechos investigados, permite considerar competente a la Audiencia Nacional, un órgano especializado en la investigación de fenómenos criminales complejos y organizados.

En esta fase inicial, la Fiscalía apunta a posibles delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, agravado por la posible actuación de una organización y por la puesta en peligro de la vida o integridad física de las personas afectadas.

También plantea que los hechos podrían estar relacionados con homicidio y lesiones por imprudencia grave, además de un posible delito de organización o grupo criminal.

La investigación deberá determinar el alcance de los hechos

La Fiscalía considera que durante la instrucción deberá determinarse también si los hechos pudieran constituir delitos contra el orden público o afectar a bienes jurídicos de carácter colectivo, entre ellos la paz o la independencia del Estado.

No obstante, recalca que estas consideraciones se realizan en una fase inicial y quedan sujetas a la calificación jurídica que pueda establecerse conforme avance la investigación.

La jueza María Tardón deberá decidir ahora si la Audiencia Nacional es finalmente competente para continuar con las diligencias. Mientras tanto, la Fiscalía ha reclamado que una parte de las actuaciones permanezca bajo secreto para proteger el desarrollo de la investigación.