La Fiscalía autoriza una investigación sobre los crímenes de Israel en Gaza

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha ordenado abrir una investigación sobre los crímenes cometidos en la Franja de Gaza durante la operación militar lanzada por Israel hace casi dos años, señalando indicios de genocidio y delitos de lesa humanidad.

Para ello, ha dispuesto la creación de un equipo conjunto de investigación que estará integrado por Dolores Delgado, fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, y Jesús Alonso, jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional.

Según consta en un decreto al que tuvo acceso Europa Press, Delgado solicitó autorización para participar como coinvestigadora tras recibir un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, en el marco de la Operación ELIAT, que incluye testimonios de testigos protegidos y pruebas sobre presuntas violaciones del Derecho Internacional cometidas por el ejército israelí contra la población civil.

Objetivo: cooperar con el Tribunal Penal Internacional

García Ortiz ha ordenado remitir el informe policial a la Audiencia Nacional para iniciar las diligencias de investigación preprocesales, que se comunicarán a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI).

El equipo conjunto actuará colegiadamente y contará con la participación del fiscal de Cooperación Internacional, Francisco Jiménez-Villarejo.

La intención del Ministerio Público es recopilar pruebas para ponerlas a disposición del TPI, siguiendo un modelo similar al aplicado en la investigación de crímenes cometidos durante la guerra en Ucrania.

Fundamentos legales y obligaciones internacionales

El fiscal general ha subrayado la gravedad y trascendencia de los hechos, así como el alto número de víctimas.

En su decreto, recuerda que el artículo 23.4 p) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) otorga jurisdicción a los tribunales españoles para perseguir delitos cuya investigación sea obligatoria por tratados internacionales suscritos por España.

García Ortiz ha destacado que España forma parte tanto de la CIJ como del TPI y que, el 28 de junio de 2024, el país intervino formalmente en el procedimiento iniciado por Sudáfrica ante la CIJ en virtud de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, apoyando las medidas cautelares impuestas a Israel.

Además, ha recordado que la Constitución Española, en su artículo 96.1, establece que los tratados internacionales, una vez publicados, forman parte del ordenamiento jurídico interno, lo que refuerza la obligación de España de colaborar con las investigaciones internacionales.

Recopilación y preservación de pruebas

El Ministerio Público tiene como objetivo reunir elementos de prueba, tanto directos como indirectos, que puedan ser utilizados posteriormente en un juicio por la jurisdicción competente.

García Ortiz ha señalado que esta recopilación de evidencias busca garantizar la cooperación internacional en la lucha contra la impunidad y preservar el acervo probatorio para futuras actuaciones judiciales.

El fiscal general considera que el equipo especializado permitirá combinar la capacidad operativa de la Audiencia Nacional con la experiencia en Derecho Internacional Humanitario y de Derechos Humanos de la unidad dirigida por Dolores Delgado, asegurando una investigación eficaz y coordinada.

Contexto internacional

La decisión de la Fiscalía se produce tras la publicación de un informe de Naciones Unidas que califica de genocidio la situación en Gaza y exige a Israel que detenga sus acciones militares.

Asimismo, el documento insta a los Estados miembros de la ONU a cooperar activamente con la investigación de la Fiscalía del TPI y a adoptar medidas para evitar nuevas violaciones de derechos humanos en el territorio palestino.

Con este paso, España reafirma su compromiso con la justicia internacional y su voluntad de contribuir a esclarecer las graves violaciones de derechos humanos en la Franja de Gaza.