Feijóo convoca una manifestación contra Pedro Sánchez este domingo: "Es la manzana podrida"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció este miércoles la convocatoria de una concentración ciudadana este domingo a las 12 horas en el Templo de Debod (Madrid), después de que el Tribunal Supremo acordara enviar a prisión provisional sin fianza al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García por riesgo “extremo” de fuga.

Feijóo aseguró que el PP no puede “permanecer impasible” ante lo ocurrido y defendió que esta movilización no responde a intereses partidistas sino a una reacción cívica frente al deterioro institucional que, a su juicio, vive el país. “A todos los ciudadanos que quieren hablar y a los que Sánchez no les da voz, les pido que nos concentremos de forma abierta y cívica, no para beneficio de ningún partido, sino en defensa de España”, afirmó durante una comparecencia en la sede nacional del partido.

El líder del PP cargó contra la actitud del Gobierno ante la decisión del Supremo y rechazó que se plantee cuestionar el trabajo de la justicia. “El Gobierno está llamando a los españoles a protestar contra los jueces. Yo les convoco a hacerlo contra los corruptos y contra todos aquellos que los sostienen”, subrayó.

Feijóo reclamó además al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales, y advirtió a los socios parlamentarios del PSOE de que no pueden seguir “manteniedo una complicidad que ya está teniendo un coste político y moral”. “Si los socios de Sánchez quieren seguir siendo cómplices, allá ellos. Lo pagará. Ya lo están haciendo. Pero la mayoría de los españoles no podemos callar ni permanecer anestesiados”, sostuvo.

El anuncio de la concentración —“Este domingo espero a los ciudadanos en una concentración abierta y cívica a las 12, en el Templo de Debod de Madrid”, dijo— se produce en un momento de máxima tensión tras el ingreso en prisión de Ábalos, la primera vez que un diputado en ejercicio es enviado a prisión provisional.

El Supremo justificó la medida por riesgo de fuga ante la proximidad del juicio por los presuntos amaños en contratos de material sanitario durante la pandemia y la elevada petición de penas, que pueden alcanzar los 30 años de cárcel.