La familia de Canet acusa al Parlament de “generar odio”

La familia de Canet de Mar (Barcelona) que impugnó el plan lingüístico de la escuela de su hijo para que pudiera cursar un 25% de la enseñanza en castellano acusó al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, de “azuzar sentimientos de odio” después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) accediera a la petición. “El derecho a una escolarización bilingüe se nos reconoció en el mes de octubre y el Govern consideró ahora que era el momento de interrumpir la “calma tensa después del procés, agitar banderas” y convocar protestas”, lamentaron en una carta abierta que difundió ayer la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).

La familia lamenta que la Generalitat les haya señalado “como culpables de querer acabar con el catalán” y que Cambray visitara la escuela de Canet para protestar contra la decisión del TSJC, pese a que no es la única escuela en la que se decretó el 25%. Además, aseguraron que no están en contra del catalán: “Pero somos bilingües, también amamos el español”. “El Govern miente cuando explica que el modelo legal en Catalunya es el de la inmersión lingüística. Esto es falso”, y recordó que una sentencia firme del TSJC confirmada por el Tribunal Supremo fija que un mínimo del 25% de la enseñanza se debe impartir en castellano.

En este contexto, la ministra de Educación, Pilar Alegría, afirmó ayer que “hay que respetar claramente la autonomía educativa de los centros educativos y el trabajo que realizan los directores de las escuelas en su día a día”. Además, la ministra expresó el rechazo y denuncia “más absoluta” del Gobierno de España “a todos los hechos de acoso que se han producido en Canet y todos aquellos que se puedan producir en las aulas y escuelas de nuestro país”.

“EJECUTAR LAS NORMAS”

Por contra, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, insistió ayer en que se debe cumplir la sentencia del TSJC que fija que un mínimo del 25% de la enseñanza se debe impartir en castellano y subrayó que existen “leyes que indican que hay que garantizar la plena competencia lingüística de todos los alumnos”.

En este sentido, Rodríguez quiso, en primer lugar, trasladar un mensaje de apoyo a la familia y condenar cualquier situación “de acoso a un menor”. Asimismo, reivindicó que las aulas sean “centro de convivencia”, haciendo un llamamiento a la responsabilidad.

En esta misma clave, la ministra pidió que las lenguas no sean utilizadas para el “enfrentamiento” y que cada uno cumpla con sus obligaciones. “Los jueces manifestaron su opinión, el poder es Ejecutivo, los gobiernos tenemos que ejecutar las normas”, afirmó.

La polémica lingüística abre una nueva brecha en el Govern

La respuesta que debe dar el Govern a las sentencias que demandan un 25% de clases en castellano en la escuela catalana, en la que desde hace cuarenta años se aplica la inmersión lingüística en catalán, abrió una nueva brecha entre ERC y Junts en el seno del ejecutivo de la Generalitat. Después de un fin de semana marcado por las protestas en una escuela de Canet de Mar (Barcelona) que debe aplicar ese porcentaje tras la denuncia de una familia, la presidenta del Parlament, Laura Borràs (JxCat), fue la primera en mover ficha ayer y plantear la intervención de la Generalitat de las escuelas para blindar el catalán.

Horas más tarde, su colega de partido, la portavoz de JxCat, Elsa Artadi comunicó al conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, a que “dé cobertura legal” a la dirección del centro “ante la ofensiva judicial contra la inmersión lingüística”.

Ante el posicionamiento de JxCat, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), pidió a su socio de Govern que no haga “partidismo” ni se deje llevar por “estrategias a corto plazo” en lo que respecta a las cuestiones que afectan a la escuela catalana. En una rueda de prensa junto al lehendakari, Iñigo Urkullu, Aragonès pidió “al conjunto de fuerzas políticas” que actúen “con responsabilidad” y “en defensa del modelo” de escuela catalana: “Que nadie utilice esta cuestión para hacer partidismo o tácticas a corto plazo. Hace falta una mirada de país y no una de partido”. La “respuesta” del Govern debe dar “una solución que permita la continuidad” del modelo de escuela.