El exjefe de la UCO denunció presiones de la cúpula de la Guardia Civil para frenar la investigación sobre el hermano de Pedro Sánchez
Rafael Yuste aseguró ante agentes de la unidad que recibió indicaciones para “ponerse de perfil” en las diligencias sobre David Sánchez y dejar que fuese la autoridad judicial quien impulsara los pasos de la investigación
El que fuera jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre 2023 y 2025, Rafael Yuste, declaró ante investigadores de la propia unidad que recibió presiones por parte de la antigua cúpula del Instituto Armado para rebajar la iniciativa policial en la investigación que afectaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Según figura en el sumario del denominado caso Leire Díez, Yuste relató que tanto el entonces director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, como el director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, trasladaron a los mandos de la UCO la conveniencia de no adoptar una actitud proactiva en un procedimiento con evidente repercusión política.
La declaración hace referencia a una reunión celebrada el 12 de julio de 2024, en la que, según el testimonio del exresponsable de la UCO, Leonardo Marcos cuestionó duramente una solicitud de información impulsada por la unidad en el marco de la investigación. De acuerdo con ese relato, el entonces director general calificó el oficio de la UCO como “totalmente prospectivo y malintencionado” y sostuvo que la credibilidad de la unidad se encontraba “por los suelos”.
Además, habría reclamado que en apenas una semana se elaborase un informe concluyente que descartara cualquier hallazgo relevante. Yuste respondió, según consta en el atestado, que esa exigencia era “materialmente imposible”, ya que aún quedaban por analizar correos electrónicos y completar los trámites periciales previos a la remisión de conclusiones al juzgado.
La orden de “ponerse de perfil”
La documentación incorporada a la investigación recoge también una segunda reunión, celebrada el 16 de julio de 2024 en dependencias de la UCO. En ella, el DAO se interesó por las actuaciones relacionadas con la causa que instruía el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.
Según el atestado, durante ese encuentro se trasladó a los agentes una directriz clara para los procedimientos con impacto político: evitar cualquier iniciativa que pudiera interpretarse como una actuación impulsada por la propia unidad.
La instrucción, siempre según el informe policial, consistía en “ponerse de perfil” y dejar que fuese la autoridad judicial quien marcara los movimientos de la investigación.
Las filtraciones y las investigaciones internas
La declaración de varios mandos también abordó las distintas informaciones reservadas abiertas dentro de la Guardia Civil a raíz de presuntas filtraciones relacionadas con investigaciones sensibles desarrolladas por la UCO y, especialmente, por el departamento dirigido por el teniente coronel Antonio Balas.
Estas actuaciones internas se produjeron entre finales de 2024 y distintos momentos de 2025, coincidiendo con la difusión en medios de conversaciones de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García, así como con publicaciones que apuntaban a tensiones internas derivadas de supuestas interferencias en la labor investigadora.
Según la documentación, la apertura de algunas de estas informaciones reservadas llegó a justificarse por las “presiones políticas” que estaría recibiendo el DAO.
Una nota interna alertó de una campaña para desacreditar a la UCO
Uno de los episodios recogidos en el sumario gira en torno a una nota elaborada por el Departamento de Investigación contra la Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN). En ella se advertía de una presunta campaña destinada a erosionar la imagen de la UCO y de sus investigadores.
De acuerdo con la versión ofrecida por Yuste, esa estrategia estaría impulsada por personas vinculadas a la empresa de hidrocarburos Hafesa y por individuos relacionados con el PSOE, entre ellos Leire Díez.
El exjefe de la UCO explicó que la entonces militante socialista aparecía mencionada porque presumía de tener influencia sobre la dirección de la Guardia Civil y, en particular, sobre la directora general del cuerpo.
El informe apunta a contactos entre Leire Díez y un investigado por fraude de hidrocarburos
La documentación incorporada al procedimiento también menciona una nota elaborada por la Jefatura de Información el 29 de abril de 2025, en la que se hacía referencia a una videoconferencia entre Leire Díez y Alejandro Hamlyn, responsable de Hafesa e investigado en una causa por fraude de hidrocarburos.
Según el informe policial, el objetivo de ese contacto habría sido recabar información sobre la UCO y sobre los agentes encargados de determinadas investigaciones judiciales con el fin de desacreditar su trabajo.
El atestado añade que la propia nota señalaba que Díez contaría presuntamente con el respaldo del entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, y que la finalidad de dichas actuaciones sería conocida por la dirección general de la Guardia Civil, una afirmación que figura en la documentación policial incorporada al sumario y que forma parte de la investigación en curso.
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