Europa pide juzgar a ETA por crímenes de lesa humanidad

El Parlamento Europeo (PE) recomendó ayer a España que explore la posibilidad de reconocer los crímenes terroristas de la banda terrorista ETA como delitos de lesa humanidad para que no prescriban ni puedan ser amnistiables aunque fuesen cometidos antes de que esta figura entrase en el Código Penal, una opción que descartó la Audiencia Nacional. El informe final tras la misión de la comisión de Peticiones de la Eurocámara al País Vasco y Madrid en noviembre de 2021 fue aprobado ayer por 27 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones.

Ese informe recoge la sugerencia a las autoridades españolas de “agotar las posibilidades interpretativas del Derecho penal” para dar este tratamiento diferenciado a los 379 asesinatos de ETA aun sin resolver. Esta recomendación entró en el texto final pese a que la Audiencia Nacional ya había descartado que sea posible juzgar como de lesa humanidad los delitos de ETA previos a 2004, el año en el que esta tipificación entró en el Código Penal español.

Buena parte de los 379 asesinatos que siguen sin resolverse diez años después del fin de la violencia de la banda datan de finales de los 70 y principios de los 80, cuando era mucho más difícil investigar debido a la falta de recursos, por lo que no podrían juzgarse bajo una definición incluida en el Código Penal en 2004.

El PSOE había tratado de eliminar esta sugerencia a través de una enmienda alegando precisamente que no es posible aplicar la lesa humanidad para aquellos delitos cometidos antes de dicho año y que solicitarlo contravendría el principio de legalidad penal que recoge la Constitución.

EL GOBIERNO, “CON LAS VÍCTIMAS”

A pesar de la abstención socialista, la ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró ayer que “el Gobierno está con las víctimas de ETA” y que la Justicia y las fuerzas de seguridad abrirán casos y continuarán investigaciones “si hay nuevos indicios” contra miembros de esta banda terrorista que lo permitan. Llop recordó que “la banda terrorista ETA fue derrotada gracias a los esfuerzos que se hicieron en nuestro país, y fueron el Estado de derecho, las instituciones, toda la sociedad y también las fuerzas políticas comprometidas los que lograron acabar con ella y derrotarla”.

Por su parte, el PP y Cs celebraron ayer que el informe apueste por juzgar a los jefes de la banda por crímenes de lesa humanidad. Para la “popular” Dolors Montserrat, el informe es “histórico” y establece que “el derecho a la verdad no prescribe”. Mientras, la eurodiputada de Cs, Maite Pagazaurtundua, cuyo hermano, Joseba Pagazaurtundua, también fue asesinado por ETA, destacó lo “histórco” del informe.

El PP se persona en la causa sobre los 95 homenajes a presos etarras

El PP se personó como acusación popular en la causa en la que se investiga la organización de 95 homenajes a presos de ETA y en la que aparecieron conversaciones entre el expreso José Antonio López Ruiz, Kubati, y el exconsejero vasco Joseba Azkarraga en las que se aludía al secretario general de prisiones, Ángel Luis Ortiz. Según fuentes jurídicas, tras conocerse esas conversaciones, recogidas en un informe de la Guardia Civil y a las que la Fiscalía no vio trascendencia penal, el PP pidió su personación en esta causa.

El magistrado investiga a Kubati y a otras 13 personas, expresos de ETA y miembros de Sortu, por la organización de 95 homenajes a presos etarras entre diciembre de 2016 y octubre de 2019 en diferentes localidades del País Vasco y Navarra. Esta causa lleva abierta desde febrero de 2018 con la detención de Kubati y las dirigentes de Sortu Ohiana Garmendia y Miren Zabaleta en la Operación Aurresku-Carmen.

Fueron detenidos por su presunta participación en los homenajes a la histórica etarra Belén González Peñalva, fallecida meses antes, si bien la acusación será por organización criminal, dado que, al haber cesado la lucha armada, es difícil imputarlos como delitos terroristas. El último informe de la Guardia Civil fue objeto de enfrentamiento político al incluir conversaciones con abogados de los presos o de Sare, como el exconsejero vasco Joseba Azkarraga, con alusiones a gestiones ante el secretario de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, para interesarse por posibles traslados de presos.