España no expulsa a la mitad de los inmigrantes de los CIE

n n n En torno a la mitad de los inmigrantes que pasan por alguno de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que operan en todo el país no son expulsados. Según la memoria anual del Fiscal Coordinador de Sala de Extranjería, en 2012 fueron privados de libertad en estas instalaciones un total de 11.325 personas, de las que 5.924 fueron finalmente deportadas.

Desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), su secretaria general, Estrella Galán, explicó ayer que el perfil es principalmente de personas de origen subsahariano que no pueden ser expulsadas por falta de convenios bilaterales y que, en muchos casos, pudieron haber pedido asilo, pero desconocían esa posibilidad y se quedaron sin plazo. Muchos son acogidos en dispositivos gestionados por ONG como CEAR, para evitar que acaben sin hogar, "con la desestructuración personal que eso supone". La mayor parte son reconducidos por las entidades hacia la solicitud de regularización por arraigo, porque por razones humanitarias "no entran estos perfiles".

"Consideramos que dado que son inexpulsables, hay que buscar alternativas, ya sea por la vía humanitaria o bajo otras condiciones, pero lo que no puede ser es que España mire hacia otro lado y mantenga situaciones que se pueden agravar enormemente y más según está la situación: cada vez es más difícil empadronarse e imposible acceder a la sanidad. Son miles y están abocados a situaciones extremadamente graves", sentencia.

cambios del reglamento

Mientras, el Consejo de Ministros aprobó ayer el Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que regula las condiciones de los internos en estas instalaciones policiales donde son retenidos antes de ser expulsados del país. Este documento es un imperativo de la Ley de Extranjería de 2009, que debería llevar en vigor desde 2010.

Tras la aprobación del reglamento, el director del CIE ya no tendrá la última palabra a la hora de trasladar a un interno al hospital, ni supervisar la presentación de quejas de los inmigrantes recluidos; Las ONG podrán acceder a las instalaciones, previa acreditación; y las comunicaciones con abogados y consulados no serán objeto de supervisión policial.n