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La devolución a Marruecos de los menores que llegaron en mayo a Ceuta acrecentó las tensiones en el Gobierno de coalición, en el que Unidas Podemos no oculta los reproches al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la propia vicepresidenta Yolanda Díaz intervino para pedir al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que frene las repatriaciones.
Los días de relativa calma en el Gobierno tras la salida de Pablo Iglesias parecen haber llegado a su fin, y Podemos vuelve a alzar la voz contra el PSOE y deja a un lado la estrategia marcada por la nueva vicepresidenta Yolanda Díaz, más partidaria de resolver los conflictos de manera interna. De hecho, no fue ella, sino la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Vestrynge, quien hizo público en una entrevista radiofónica que Díaz había solicitado la intercesión de Sánchez para parar las devoluciones a Marruecos de parte de los menores que entraron en Ceuta los días 17 y 18 de mayo pasado, cuando unas 10.000 personas cruzaron a esa ciudad española desde el país vecino.
En Podemos creen que, bien por motivos políticos o porque así se pronuncien los tribunales, el proceso de devolución de los menores acabará por detenerse, aunque hasta el momento el ministro lo haya defendido.
Dentro de esta escalada de presión al PSOE para parar las devoluciones, el grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso solicitó ayer al Gobierno que informe del número de menores de edad repatriados a Marruecos y de los criterios seguidos para su devolución.
Llueve sobre mojado en esta disputa, porque la gestión de Marlaska en materia de inmigración ya fue centro de desencuentros en el pasado por la gestión de la crisis migratoria en Canarias. Ahora la situación es diferente: no solo Podemos, sino también las ONG y el Defensor del Pueblo han cuestionado la devolución a Marruecos de los menores.
La polémica se centra en la aplicación de la Ley de Extranjería y el acuerdo que España firmó en 2007 con Marruecos para devolverle a los niños que entran solos. Al convenio bilateral se agarran el Gobierno de Ceuta y el Ministerio del Interior para justificar el inicio el pasado viernes del retorno de menores, que un juzgado de la ciudad autónoma paralizó 72 horas y que se cumplirán hoy.
Frente a este acuerdo de “cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado”, las ONG denuncian el incumplimiento de la Ley de Extranjería e, incluso, del propio convenio con el país vecino. Por eso, los colectivos recurrieron ante los juzgados de Ceuta el plan diseñado para repatriar a Marruecos a aquellos menores que supuestamente no están en situación de vulnerabilidad. Sin entrar aún en el fondo del asunto, el juzgado paralizó provisionalmente las devoluciones, de las que se habían ejecutado al menos 45.
La clave está en si esos jóvenes fueron o no consultados sobre su repatriación y si tuvieron la oportunidad de oponerse al regreso a su país, tal y como contempla la Ley de Extranjería.
La Audiencia Nacional rechazó suspender las devoluciones a Marruecos de los menores no acompañados que llevan en Ceuta desde mayo porque no se deducen violaciones de derechos, si bien se declara competente para resolver el recurso de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. Esta asociación recurrió ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia por la “instrucción” de Interior que avala el regreso de menores no acompañados desde Ceuta a Marruecos que “estaban bajo la tutela del Estado español, incumpliendo la normativa tanto nacional como internacional”, por lo que pidió la suspensión de los retornos.
La Audiencia pidió al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska que remitiera la comunicación que dirigió a la Delegación del Gobierno de Ceuta sobre su solicitud para aplicar el acuerdo de retorno de menores, lo que Interior hizo ayer. Responde que el texto que envío a Ceuta “se limita a poner de manifiesto que el Ministerio ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos”, si bien deja claro que la orden “no ha sido dictada” por Interior.
Pero la Audiencia explica que el objeto del recurso es precisamente esta comunicación de 10 de agosto con el membrete de la Secretaría de Estado de Seguridad por el que se acuerda que se proceda a ejecutar las previsiones recogidas en el artículo 5 del Acuerdo entre España y Marruecos.
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