El Defensor del Pueblo urge la aprobación de la renta mínima

n n n El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, destacó que la crisis del coronavirus está alterando profundamente la vida en España, si bien precisó que destapa "con intensidad" carencias relativas a residencias de ancianos o a la necesidad de renta mínima. En su Informe Anual relativo a 2019, entregado este miércoles en el Congreso de los Diputados, el Defensor hace hincapié en que las carencias que se arrastran del pasado se dejan ver con más gravedad debido a la pandemia de la COVID-19 y que tienen que ver con las residencias, la sanidad y la vulnerabilidad económica.

La memoria anual indica que en 2019 la institución tramitó 20.616 expedientes, un 16,5 % más que el año anterior, siendo la mayoría de ellos, 20.215 (un 98 %), quejas frente a 135 recursos de inconstitucionalidad y 266 actuaciones de oficio. En él, el Defensor destaca que gran parte de las quejas constatan que es necesario un aumento de medios personales humanos y materiales en la administración pública para que ofrezca servicios de calidad.

La institución remitió a las administraciones más de 1.551 resoluciones (un 34,6 % más que en 2018), de las que 574 fueron recomendaciones, 490 sugerencias, 478 recordatorios de deberes legales y 9 advertencias. Madrileños, andaluces, valencianos y catalanes fueron los que más quejas presentaron: 5.751, 2.429, 2.167 y 1.915, respectivamente. Un total de 17.402 ciudadanos fueron atendidos por la oficina del Defensor del Pueblo, 2.501 presencialmente y 14.901 a través de atención telefónica.

Además, en 2019 ha presentado dos recursos ante el Tribunal Constitucional: uno contra un apartado de la Ley Electoral que permitía a los partidos políticos recabar datos personales de los ciudadanos para hacer perfiles ideológicos y otro contra la Ley de Caza de Castilla y León.

Las residencias de ancianos ocupan un lugar destacado en las actuaciones del Defensor en 2019, en el que se destaca que la institución lleva tiempo alertando de las "carencias de medios y personal" y de que es necesaria una "revisión profunda" del modelo residencial. Fernández Marugán insistió en que "deben abordarse reformas normativas de calado que garanticen mejor los derechos de mayores en las residencias", que pasan por exigir una mayor dotación de personal y una mejora de su formación, el refuerzo y mejora de la atención médica así como una mayor capacidad inspectora de las administraciones.

En el ámbito sanitario, el Defensor incidió en que los recortes del presupuesto en Sanidad aún no se han compensado por completo; unos recortes que recayeron sobre todo en la reducción de gastos de personal: reducción de plantillas, paralización de contratos, contratos menos estables, reducción de salarios y peores condiciones laborales. Como consecuencia, "han aflorado problemas serios": las listas de espera son todavía demasiado largas y las urgencias con frecuencia se encuentran saturadas, circunstancias que podrían "cronificarse" y hacer temer por un deterioro de la atención sanitaria pública. n