El Defensor advierte contra la erosión de las instituciones

El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, declaró ayer que las instituciones “competentes y justas” son la mayor garantía de la convivencia democrática y ha asegurado que “debilitarlas o desconsiderarlas es una afrenta directa” a la ciudadanía”.

Así se manifestó Gabilondo en el acto celebrado en el Congreso de los Diputados por el 40 aniversario de la institución y en el que la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, defendió que “la piedra de toque de nuestro entramado institucional es el respeto y el equilibrio entre los distintos poderes y órganos del Estado”.

Un día después de la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma judicial impulsada por los partidos del Gobierno, Gabilondo consideró que “el compromiso, la ejemplaridad y el trabajo de quienes” están en las instituciones “son la clave del respeto a la dignidad de los ciudadanos”.

“Debilitarlas o desconsiderarlas es una afrenta directa a la ciudadanía. Estos 40 años nos indican que, en medio de no pocas dificultades, es posible ampliar los cauces de la dignidad. Y en medio de no pocas dificultades, también hay mucho que celebrar”, dijo.

El defensor ha repasado la actividad de la institución desde 1982, cuatro décadas en las que ha recibido cerca de un millón de quejas de los ciudadanos y se han iniciado 7.598 actuaciones de oficio, además de haber propuesto 8.605 recomendaciones y 11.860 sugerencias formuladas ante las administraciones públicas.

Asimismo se refirió al trabajo de la institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que, desde su instauración en 2010, ha llevado a cabo 1.167 visitas a lugares de privación de libertad en toda España.

Tras remarcar que el Defensor del Pueblo se configura como una garantía institucional de los derechos constitucionales, Gabilondo ha indicado que la institución “ha de palpitar al ritmo del corazón de la Constitución” y que su tarea fundamental es “propiciar las mejores condiciones para la convivencia”.

Según Batet, dentro del entramado de administraciones, autoridades y organismos, el Defensor del Pueblo es un “referente claro” para los ciudadanos, y destacó que su labor de inspección y control ha sido un factor fundamental para la corrección de malas prácticas administrativas y ha contribuido a adoptar mejoras organizativas y de gestión.

“Gracias a todas y todos los que han ostentado este cargo porque su actuación ha permitido mejorar a las administraciones públicas; mejorar, en definitiva, la democracia de este país”, aseveró la presidenta del Congreso.