La cúpula fiscal avala amnistiar la malversación por solo dos votos

La Junta de Fiscales de sala avaló el criterio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de pedir al Tribunal Supremo que aplique la ley de amnistía a la malversación, delito que se atribuye a los perseguidos y condenados por el Primero de Octubre, y que se levanten las órdenes de detención contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira. Tras una reunión de más de cinco horas, y por 19 votos a favor y 17 contrarios, ésta es la posición mayoritaria de los fiscales que integran esta sala.

En total, asistieron 37 fiscales. Acudieron presencialmente al encuentro 34 de ellos, dado que dos fiscales -Beatriz Sánchez y Teresa Gisbert- comparecieron por vía telemática. Según las fuentes consultadas, 13 fiscales no hicieron uso de su turno de palabra.

García Ortiz tuvo el apoyo, entre otros, de su antecesora, Dolores Delgado; el del fiscal ante el Tribunal Constitucional, Pedro Crespo; y el del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. Votado en contra de su postura, entre otros, la que fuera fiscal general durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez, María José Segarra; y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Dolores Delgado

Delgado participó pese a que el Supremo anuló su nombramiento como fiscal de Sala de Memoria Democrática porque el Gobierno aún no ha ejecutado la sentencia. Por su parte, Isabel Rodríguez Mateo, nueva fiscal de Sala de la Fiscalía Togada en sustitución de Delgado después de que el TS anulara este otro nombramiento de Delgado, no pudo participar porque aún no ha tomado posesión de su cargo.

Tras conseguir el aval de la cúpula fiscal, García Ortiz encargó a la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y al fiscal de Sala jefe de lo Penal de la Fiscalía del TS, Joaquín Sánchez-Covisa, que asuman la causa del procés y presenten el informe de la Fiscalía ante el Supremo.

La Junta de Fiscales se decantó por el criterio de García Ortiz frente a la de los fiscales hasta ahora encargados de la causa del procés en el Supremo, que defendían que no era viable amnistiar la malversación de los encausados por el proceso independentista catalán al entender que tuvieron ánimo de lucro y afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea, lo que a su juicio dejaba este delito fuera de la amnistía.

La mayoría coincidió con el fiscal general en que, tras la entrada en vigor de la ley, “procede declarar amnistiadas la totalidad de las conductas que fueron y son objeto de dichos procedimientos, así como levantar las medidas cautelares que penden respecto de alguno de los encausados”, lo que incluye la orden nacional de detención activa contra Puigdemont.

La discrepancia partía de que los fiscales del procés -Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena- consideraban “improcedente” amnistiar la malversación que se le atribuye a Puigdemont, a exconsejeros procesados en rebeldía, a Oriol Junqueras y a los exconsejeros condenados en la causa del 1-O.