Cuentas reclama a Mas y a otros 10 ex altos cargos 5 millones por el 9-N

nnn El Tribunal de Cuentas citó para el próximo 25 de septiembre en Madrid a once ex altos cargos del Govern, entre ellos el expresidente Artur Mas, para comunicarles la fianza que deberán abonar para hacer frente al gasto público destinado a la consulta del 9-N, estimado en 5,12 millones de euros. Según fuentes próximas a los implicados, entre los citados están también los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, todos ellos inhabilitados, al igual que Mas, por la consulta del 9N, y también se incorpora ahora a otros siete cargos políticos y técnicos de los departamentos de Presidencia y Gobernación de la Generalitat.

En el listado se incluyen el ex secretario general de Presidencia, Jordi Vilajoana, así como Lluís Bertran, Josefina Valls, mujer del exconseller Jordi Baiget, que abandonó el Govern precisamente por miedo a perder su patrimonio; Carolina Pardo, Jaume Domingo, Ignasi Genovés y Jordi Serra. Fuentes de los implicados señalaron que ese día se les comunicará la cuantía de la fianza y cómo se reparte, dado que no todos los citados tienen el mismo grado de responsabilidad contable. No obstante, estas fuentes dieron por supuesto que diversas organizaciones soberanistas organizarán colectas para hacer frente a esa fianza, por lo que creen que no tendrán que hacer frente a embargos ni hacer frente a la cuantía con su patrimonio personal. El escrito del tribunal cita para ese día a estos once ex altos cargos para que hagan frente a la "liquidación provisional" de los gastos del 9N.

reacción de la generalitat

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemontacusó al Gobierno de "saltarse el Estado de derecho" y de dar un "salto cualitativo en su estrategia desesperada de fomentar el miedo" para impedir el 1-O, tras la última decisión del Tribunal de Cuentas contra Artur Mas y otros diez altos cargos. En una rueda de prensa conjunta con el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, Puigdemont ligó este "incremento de las amenazas y agresiones" del Estado al hecho de que esta semana esté previsto que se apruebe la ley del referéndum y el decreto de convocatoria del 1-O.

Antes de la comparecencia, Puigdemont y Junqueras participaron en una reunión en la que también estaban el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, así como diversos miembros del Govern. Puigdemont, que confirmó que esta semana se aprobará la ley del referéndum y ha señalado que el Govern ya está "preparado" para firmar a continuación el decreto de convocatoria, ha expresado su "apoyo total" a los afectados por la decisión del Tribunal de Cuentas.

"Si los tocan a ellos, los tocan a todos", afirmó Puigdemont, que recalcó que al organizar la consulta soberanista del 9N de 2014 "actuaron en nombre del gobierno de Cataluña", por lo que "no es un ataque a personas en concreto, es un ataque a todos aquellos demócratas que quieren votar" el primero de octubre.

El Gobierno y el TC, preparados para poner freno a la convocatoria

El Gobierno y el Tribunal Constitucional están preparados para actuar ante los pasos que se den en Cataluña con el objetivo de convocar el referéndum soberanista del 1 de octubre. Los miembros del Gobierno están avisados de la posibilidad de que hoy mismo sean convocados a un Consejo de Ministros extraordinario para autorizar al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a impugnar ante el Constitucional las decisiones que se tomen desde el Parlament o el Govern de la Generalitat.

De hecho, los magistrados del Tribunal Constitucional estarán reunidos desde las diez de la mañana en un pleno ordinario cuyo orden del día no lleva asuntos relevantes relacionados con Cataluña, pero son conscientes de que el guión previsto se puede ver alterado en cualquier momento.

Son varias las opciones que barajan desde el Ejecutivo a la hora de proceder a la impugnación. La primera es que se tramite y apruebe la proposición de ley del referéndum presentada por Junts pel Si y la CUP y que, aunque aún no ha salido calificada por la Mesa del Parlament, podría introducirse por vía de urgencia en el pleno que esa Cámara celebra hoy. De ser así, el Gobierno no tendría que presentar un nuevo recurso, sino simplemente ampliar uno de los incidentes de ejecución de sentencia que ya ha presentado ante el Constitucional.

Si, por el contrario, la iniciativa la toma el Govern, el Ejecutivo central tendría que presentar un nuevo recurso, al tratarse de un decreto ley, lo que implicaría la preceptiva consulta al Consejo de Estado. n