Cuentas admite los avales del Govern por el “procés”

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas decidió ayer aceptar los avales presentados por la Generalitat de Cataluña a través del Instituto Catalán de Finanzas para hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros impuesta a 28 promotores del “procés” por su promoción en el exterior. Fuentes del Tribunal informaron de esa decisión, que revoca la adoptada por la instructora del caso, que no los aceptó al interpretar que la ley no permite dar cobertura pública al patrimonio privado de las personas al servicio de la Administración “que hubieran obrado con dolo, o culpa o negligencia grave en la generación del daño, sea este ocasionado a aquella o a terceros”.

La propuesta de la ponente del asunto, Rebeca Laliga-consejera propuesta por el PP en la reciente renovación del Tribunal de Cuentas-, contraria a que las fianzas se garanticen con dinero público, fue rechazada por el resto de miembros de la Sección de Enjuiciamiento, añadieron las fuentes consultadas. Por tanto, ahora se debe redactar una nueva ponencia en los términos acordados por la Sala, que, según informó el Tribunal de Cuentas, se conocerá en los próximos días y redactará la consejera del Departamento Primero de Enjuiciamiento.

El auto contará con el voto particular de la consejera Rebeca Laliga, partidaria de no admitir los avales presentados por el Instituto Catalán de Finanzas para hacer frente a la fianza. Los afectados recurrieron la decisión de la instructora del caso, entre otras razones porque los avales se apoyaban en una ley aprobada por el Parlament de Catalunya que sigue vigente, y ahora la Sala de Justicia del Tribunal les ha dado la razón. Entre los promotores del proceso soberanista catalán a los que se reclama su responsabilidad contable están los expresidents de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras o los exconsellers Raül Romeva y Francesc Homs o Andreu Mas-Colell.

Fue en noviembre de 2021, antes del cambio de sillones en el Tribunal de Cuentas, cuando la entonces consejera de Cuentas del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas (y ex ministra de Justicia con Aznar), Margarita Mariscal de Gante, dictó una providencia por la que abría la fase de enjuiciamiento de las presuntas irregularidades contables por las que se habrían facilitado fondos para los gastos del referéndum ilegal del 1-O de 2017 y del destino de determinados fondos asignados a política exterior de Cataluña entre 2011 y 2017.

Señalaba que, visto el contenido del acta de liquidación provisional de 28 de enero de 2020 y el acta de liquidación complementaria de 29 de junio de 2021, debía procederse a unir las actuaciones seguidas por los gastos del referéndum y los derivados de la acción exterior. Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas fijó inicialmente en 5.422.879,48 euros la responsabilidad contable inicial que se reclama al expresident de la Generalitat que permanece huido en Bélgica.