El Congreso busca una salida al laberinto del voto rogado

El voto rogado es para muchos españoles que viven fuera, un proceso “tortuoso” y una de las “mayores injusticias” del sistema electoral español que obliga a los nacionales que viven en el extranjero a realizar un largo proceso burocrático para votar y que ahora el Congreso -diez años después de su implementación- estudia suprimir, aunque no sin dificultades. Hay acuerdo para derogarlo entre los partidos que conforman la subcomisión de la Cámara Baja para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral (Loreg), aunque existen discrepancias sobre las posibles soluciones.

“Votar debería ser un derecho, no un privilegio”, afirma desde Suecia Daniel Aragay -uno de los 2.182.862 españoles que tienen fijada su residencia en el extranjero de forma permanente- que además considera un “atraso” y una “carrera de obstáculos” todo el proceso para poder ejercer el derecho al sufragio fuera de nuestras fronteras. Una opinión similar tiene la española Esperanza Román, residente en Estados Unidos que explica que si recibiera toda la documentación en casa o el proceso para solicitarla por internet fuera “más fácil”, la participación “sería mucho mayor”.

En enero de 2011, el Congreso de los Diputados aprobó la reforma con los votos a favor de PP, PSOE, Convergencia i Unió y PNV, con el objetivo de solucionar los problemas de fraude electoral que se daban con el sistema anterior, que obligaba a enviar de oficio por correo la documentación necesaria para votar a los españoles residentes en el extranjero. Tras el cambio legal, es obligatorio estar inscrito en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y, en el caso de estar fuera de forma temporal, en el ERTA (Electores Residentes Temporalmente Ausentes), para poder solicitar la documentación correspondiente.

En el caso de los inscritos en el CERA, es necesario rogar el voto a través del DNI electrónico, correo electrónico o fax, esperar a recibir la documentación y enviarla de nuevo al consulado más cercano, o bien votar allí presencialmente. Para los residentes temporalmente ausentes (ERTA), el trámite es más complicado: la solicitud solo puede realizarse presencialmente en el consulado y hay que esperar a recibir los papeles por correo, que deberán ser enviados a la mesa electoral de España.

SIN PODER VOTAR

Este proceso ha provocado que muchos españoles no puedan votar por numerosas razones, ya sea porque no se ha podido rogar el voto en el plazo determinado, o bien porque no se han recibido las papeletas a tiempo. De hecho, la participación ha caído en picado durante los últimos años: si antes de la reforma de 2011 votaba en torno al 30% del CERA, en las últimas elecciones del pasado 10 de noviembre votó el 6,8 % (unos 145.908 españoles), según la Oficina del Censo Electoral del Instituto Nacional de Estadística.

“En mi caso, al vivir cerca del consulado puedo apurar un poco los plazos y votar en urna, aunque los horarios no son siempre de lo más conveniente. Si esto me pasa a mí, que soy una persona que hace todo lo posible por votar, imagínate la situación de personas que ni siquiera saben o pueden registrarse en el CERA”, subraya Román.

Tras la puesta en marcha en 2011 de esta reforma, y ante la fuerte bajada de la participación de la colonia española en el exterior, los partidos ven ahora necesario eliminar la necesidad de rogar el voto, pero no se ha debatido -de momento- ninguna medida concreta. Según señalan fuentes parlamentarias, se han puesto sobre la mesa varias propuestas no definitivas que contemplarían desde el voto electrónico hasta, por ejemplo, realizar el ruego una vez y sirva para todos los procesos electorales de un tiempo determinado.

Todas estas alternativas al voto rogado son “propuestas” de los diferentes partidos, pero todavía no se han debatido en la subcomisión porque actualmente está en marcha la fase de comparecencias de expertos conocedores de la cuestión.

En lo que sí parece que hay acuerdo es en no volver a la situación anterior al 2011. Así lo expresa a Efe el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro: “Se trata de suprimir el voto rogado pero preservando, manteniendo o incluso introduciendo garantías para evitar cualquier tipo de suplantación o sospecha de fraude”.